LA PAZ, Bolivia / AP
La Organización de los Estados Americanos ratificó el lunes su denuncia sobre una “manipulación dolosa de datos” en las elecciones en Bolivia en octubre de 2019 y no sólo negligencia, como había concluido una pericia de investigadores de la universidad española de Salamanca.
Poco después, el presidente Luis Arce —heredero político del expresidente Evo Morales— y su gobierno rechazaron el informe y revalidaron el documento de la universidad española que fue solicitado por el Ministerio Público. Mientras, la oposición aplaudió que el organismo internacional haya llamado a la administración de Arce a reconocer que los resultados de la auditoria son vinculantes.
“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA, y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro, (secretario general de la OEA) lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados”, respondió la Cancillería boliviana.
La Fiscalía boliviana anunció la semana pasada que cerrará el caso y buscará el sobreseimiento de los acusados de fraude electoral basada en el informe de la universidad española.
La OEA informó en un comunicado de prensa en sus redes sociales “los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019”.
Además, denunció que los 36 peritos internacionales que llegaron a Bolivia para realizar la auditoría descubrieron dos servidores “que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales”.
Por lo que, aseguró, con el informe de la universidad española “no se puede concluir que no haber reportado estos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario”.
“La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana”, agregó.
El comunicado se conoció una semana después de que la Unión Europea (UE) rechazó las acusaciones de legisladores oficialistas “de haber participado en noviembre de 2019 de una conspiración con el objetico de preparar un golpe de Estado”. La UE dijo en un comunicado divulgado la víspera que su labor mediadora tuvo “un solo objetivo: ayudar a pacificar el país y evitar más violencia”.
Las sospechas de fraude surgieron tras la interrupción de la transmisión de los resultados parciales. El expresidente Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones y evitó una segunda vuelta. Pero poco después se generó una convulsión social que cobró la vida de 37 personas.
Las potestas callejeras entre oficialistas y opositores forzaron la renuncia de Morales tras casi 14 años en el poder.
