BUCARAMANGA, Colombia
Agencia AP
El Congreso colombiano inició ayer la discusión de un proyecto de ley que busca que el Estado regule y controle la producción, distribución y comercialización de la hoja de coca –materia prima de la cocaína– para así dar un giro en la lucha antinarcótica en el país.
«Quienes defendemos este proyecto no queremos el narcotráfico, todo lo contrario, queremos quitarle ese negocio al narcotráfico para que sea un negocio del Estado y podamos identificar a los adictos, darles tratamiento… para que podamos por fin pasar una página de violencia y dolor en Colombia», dijo durante el debate en el Congreso Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal.
La iniciativa parlamentaria propone incentivar los usos médicos, nutricionales, e investigativos de la hoja de coca y sus derivados y que sea el Estado el encargado de regular la cadena de producción en todo el país, con excepción de los territorios indígenas en donde se permitiría que ellos decidan sobre el cultivo, uso y consumo de la hoja de coca.
«Las mafias criminales que se han apoderado del narcotráfico… han criminalizado lo más sagrado, que es la planta de coca. Se han apoderado de un elemento cultural y espiritual que tiene bondades ancestrales y culturales y la volvieron algo ilícito», indicó el senador indígena Feliciano Valencia.
En otros países como Bolivia y Perú está permitida la comercialización lícita de la hoja de coca. Para que ocurra también en Colombia resta que el Congreso apruebe el proyecto en cuatro debates. La primera votación se aplazó el miércoles por el fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya a causa de COVID.
Colombia es el primer productor de hoja de coca en el mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) registró en 2017 un máximo histórico con 171,000 hectáreas de coca cultivadas. Desde entonces ha disminuido: en 2018 fueron 169.000 y en 2019 se registraron 154,000 hectáreas.
El debate en el Congreso sobre la regulación de la hoja de coca se da en paralelo a la intención del gobierno colombiano para reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 por orden de la Corte Constitucional, buscando disminuir radicalmente los cultivos ilícitos en el país.
El lunes expidió un decreto en el que adopta un marco normativo para el uso del glifosato, el cual no lo activa de inmediato pero sí prepara el camino jurídicamente. Resta la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes que estudiará argumentos científicos y jurídicos.
«La guerra contra las drogas fracasó», sentencia el proyecto firmado por una veintena de congresistas que aseguran que se debe apostar por un enfoque «humanista» y menos «prohibicionista». La adicción se contempla como un problema de salud pública, así que los gobiernos locales podrían suministrar la sustancia psicoactiva con previa autorización médica.
Los consumidores de cocaína se registrarían en una base de datos «confidencial y anonimizada» ante el Ministerio de Salud y asistirían a una cita médica para conocer los riesgos asociados al uso de sustancias psicoactivas. Sólo podrían adquirir «un gramo de cocaína semanal para su uso personal».
Algunos senadores manifestaron que el proyecto aumentaría y promovería el consumo de cocaína. Santiago Valencia, congresista del partido gobiernista Centro Democrático, explicó que el proyecto parte de una base errada al considerar que existe un «consumo racional de la droga» y que al final no acabaría con las mafias, sino que pondría al «Estado a competir con bandidos en desigualdad de condiciones».
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, propuso archivar el proyecto de ley al considerar que no atacaría al narcotráfico y podría fomentar el consumo en menores. Sin embargo, el congresista Armando Benedetti, ponente de la iniciativa, explicó en el Senado que el proyecto prohíbe expresamente el uso y comercio de la cocaína en menores de edad.
