POR GISELA SALOMON
MIAMI
Agencia AP
Los familiares de un político opositor venezolano, que murió bajo la custodia de la policía de inteligencia de su país, presentaron una demanda en Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y algunos de sus estrechos colabores, en la cual los acusan de liderar una organización delictiva que tortura y asesina a sus enemigos.
La demanda presentada en los tribunales federales de Miami, a la que The Associated Press tuvo acceso a través de la página online del sistema de cortes federales, aspira a llevar el asunto a un juicio por jurados.
Aunque no especifica el monto, agrega que busca una compensación por daños y perjuicios causados por «el secuestro, la tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, la difamación del señor Albán y otras represalias en contra de sus familiares sobrevivientes por parte de Nicolás Maduro Moros, el aparato ilegal utilizado por Maduro y sus funcionarios para controlar Venezuela, y sus socios narcoterroristas».
Además de Maduro, están incluidos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek Saab y el ministro de Electricidad y exministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. También son acusados integrantes de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles.
La demanda se sustenta en la ley RICO de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas utilizada para enjuiciar a miembros del crimen organizado. Algunos expertos sostienen, sin embargo, que la acción judicial de la familia de Albán es por ahora meramente simbólica.
«El principal desafío sería notificar formalmente a Maduro y ponerlo bajo la jurisdicción de una corte estadounidense», manifestó a AP el abogado David Weinstein, un exfiscal federal que ha tenido entre sus manos casos de personalidades latinoamericanas.
Las leyes estadounidenses permiten que las demandas contra extranjeros sigan su curso pero sólo si los acusados que están en otro país han sido notificados correctamente sobre la demanda que enfrentan. «Ese es el proceso formal y requiere más que solamente saber que la demanda ha sido presentada», explicó Weinstein.
El recurso legal fue presentado en febrero por la viuda de Albán, Meudi Albán Osio, y sus dos hijos.
Para justificar la jurisdicción es necesario demostrar que los delitos han tenido un impacto en Estados Unidos o que se cometieron aquí, al menos en parte, por ello la demanda incluye el tema del narcotráfico.
Parte de los alegatos están sustentados en una demanda que presentaron en marzo de 2020 fiscales federales estadounidenses en la que Maduro es acusado de narcoterrorismo y corrupción como miembro de una asociación ilícita que incluía también al Cartel de los Soles y a las FARC.
El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de más de 15 millones de dólares a quien ofrezca información que conduzca al arresto o al procesamiento judicial de Maduro.
Uno de los abogados de la familia Albán, Jaime Guttman, se negó a ofrecer detalles a la AP. Tampoco la familia accedió a ser entrevistada. «Los documentos de la corte hablan por sí mismos y como la familia ha sido bastante traumatizada no tiene planes de hablar con los periodistas en este momento», expresó Guttman.
Maduro, que enfrenta otras acusaciones de narcotráfico en Nueva York, no se pronunció sobre la demanda. Tampoco lo hicieron públicamente ninguno de los otros acusados. En la demanda no aparecen los nombres de los abogados defensores del mandatario venezolano.
Albán era miembro del partido opositor Primero Justicia y se desempeñaba como concejal de un municipio de Caracas. En 2018 viajó a Estados Unidos para visitar a su mujer y sus hijos, que se habían mudado para pedir asilo, y para ayudar a preparar la presentación de la oposición venezolana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al regresar a su país desde Nueva York el 5 de octubre de ese año fue detenido en el aeropuerto. Tres días después murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Saab, el fiscal general de Venezuela, sostuvo en ese momento que fue un suicidio. El gobierno de Venezuela dijo posteriormente que el político opositor había sido detenido como parte de la investigación sobre un fallido atentado contra Maduro.
Las autoridades indicaron que Albán, de 56 años, falleció al lanzarse desde el décimo piso de la sede capitalina del SEBIN, mientras que la oposición denunció que el concejal pereció a consecuencia de las torturas que recibió de los funcionarios policiales y su cuerpo fue supuestamente arrojado desde lo alto del edificio para ocultar la verdadera causa de su deceso.
En la demanda de 113 páginas la familia alega que cuando Albán llegó a Caracas «Maduro, a través del vasto imperio criminal que lidera, secuestró al señor Albán y entre el 5 y el 8 de octubre de 2018 lo torturó brutalmente y lo asesinó».
