SAN SALVADOR
Agencia AP
La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) propuso ayer al gobierno del presidente Nayib Bukele una serie de reformas legales y recomendaciones para el fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las propuestas de la CICIES, de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron entregadas a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, y al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, en una reunión con el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta.
LA CICIES propone reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde 1959; reformas al Código Penal y Procesal Penal de 1973. Reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, reformar o derogar la Ley de Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; Ley Especial de Extensión de Dominio y de la administración de Bienes de Origen o destinación Ilícita.
Igualmente recomienda al gobierno salvadoreño fortalecer a la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control para hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, dejando en el pasado los nombramientos de conveniencias para los partidos políticos que tienen el control del Congreso
Además, que se haga una actualización de las leyes que regulen eficazmente la función pública, así como promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, entre otras.
También, le pide al gobierno de Bukele la activación del compromiso de impulsar y reformar leyes que garanticen a la CICIES, entre otras facultades, ser parte activa dentro del proceso penal a través de la figura del Querellante y que se envíe a la Asamblea Legislativa el Acuerdo Marco para su ratificación.
Las recomendaciones de la CICIES surgen de un análisis de diversas propuestas realizadas por instancias de la sociedad civil y de entidades gubernamentales
La CICIES ha presentado al Ministerio Público 25 casos de posibles actos de corrupción y ha presentado 60 recomendaciones al Órgano Ejecutivo sobre buenas prácticas para el fortalecimiento institucional como resultado del monitoreo especial del uso de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia por el COVID-19.
