Por CARLOS VALDEZ
LA PAZ, Bolivia
Agencia AP
Centenares de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Bolivia ayer para protestar y pedir la libertad de la expresidenta interina Jeanine Áñez y exigir el cese de la «persecución» judicial en contra de los opositores.
La mayor concentración tuvo lugar en Santa Cruz, la ciudad más poblada y reducto opositor en el oriente del país. Líderes cívicos anunciaron una reunión el martes para coordinar movilizaciones nacionales.
Las marchas se realizaron en La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad y son las mayores protestas callejeras desde octubre de 2019, cuando manifestantes opositores se movilizaron para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, al que acusaron de haber montado un fraude electoral para reelegirse por cuarta vez.
Morales renunció tras una mes de protestas y choques callejeros entres seguidores y opositores que cobraron la vida de 36 personas.
Añez fue conducida a una cárcel de mujeres en La Paz y dos de sus exministros fueron llevados a otro penal. Los tres enfrentan cargos de terrorismo y sedición en la crisis que precipitó la salida de Morales.
Una jueza ordenó prisión preventiva por cuatro meses para todos mientras avanzan las investigaciones y el Ministerio Publico sustenta su acusación. Otra treintena de dirigentes cívicos, exjefes militares y exministros son buscados por la policía por «el golpe de Estado», como han llamado políticos del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente izquierdista Luis Arce y cuyo líder es Morales.
La oposición acusa a Morales de estar detrás de las detenciones y rechaza que haya habido un golpe de Estado. Las protestas fueron para rechazar el fraude electoral y hubo una sucesión constitucional, dijo el expresidente y líder opositor Carlos Mesa.
En tanto, el ministro de Gobierno Iván Lima anunció otros cuatro procesos contra Añez y negó que haya persecución. «Vamos a presentar demandas por corrupción y masacres y la imputada (Áñez) no tiene privilegio constitucional para un juicio de responsabilidades», dijo.
Áñez denuncio arbitrariedades en su detención y ha pedido un juicio de caso de corte por su condición de expresidenta.
La situación se presenta en un momento complicado para Arce tras un retroceso del MAS en las elecciones de gobernadores y alcaldes de la semana pasada. El mandatario asumió en noviembre pasado tras ganar las elecciones ampliamente.
Según el cómputo oficial de los comicios dado a conocer el lunes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la oposición ganó ocho de las 10 alcaldías en las ciudades más grandes. El MAS obtuvo dos alcaldías y tres gobernaciones de nueve. La oposición consiguió dos gobernaciones y en cuatro habrá segunda una vuelta el 11 de abril.
El MAS obtuvo menos votos que en los comicios presidenciales de octubre y aunque sigue siendo el partico más fuerte y con presencia nacional, controlará menos alcaldías y gobernaciones, lo cual podría complicar la gobernabilidad de Arce, dijo el analista y escritor José Rafael Vilar.
Arce tendrá un partido menos fuerte que el que tuvo Morales en sus casi 14 años de gobierno, según el analista.
El mandatario no ha tuiteado ni apareció en público frente a la avalancha de críticas tras la detención de Áñez y dos de sus exministros el fin de semana, lo que ha llevado a la dividida oposición a articularse frente a la «persecución política», dijo el gobernador electo por Santa Cruz y líder de las protestas contra Morales en 2019, Luis Fernando Camacho.
En puertas del cuartel de policía donde Áñez permaneció detenida, manifestantes pedía a voz en cuello justicia para los fallecidos. «Estamos acá para exigir justicia para los muertos por la represión militar y policial. Áñez debe rendir cuentas», dijo el dirigente vecinal Ramiro Laura.
A las críticas internacionales se ha sumó el lunes la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que a través de un comunicado manifestó su «preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno».
La ONU y la Unión Europea han pedido que se respete el debido proceso. El caso ha vuelto a poner en tela de juicio la endémica crisis judicial por su falta de independencia del Ejecutivo y está reactivando las tensiones políticas que llevaron al país a su peor crisis política de los últimos años.
