Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
México celebrará en junio las elecciones más grandes de su historia y antes del inicio de la campaña electoral ya se habían registrado 64 asesinatos vinculados al proceso político.
Por eso el Ejecutivo federal anunció un plan para proteger a los candidatos de la delincuencia organizada y de «cuello blanco» que buscan designar o bloquear postulantes en muchas regiones del país, explicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
En las elecciones de medio mandato del 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales y se elegirán 15 gobernadores. En total, están en juego más de 21.000 cargos, miles de ellos locales que son los más vulnerables a las acciones de la delincuencia.
Rodríguez explicó que para protegerlos habrá más despliegue de seguridad en las zonas de alto riesgo y protección para los candidatos amenazados, se compartirán alertas entre el gobierno federal, los estatales, las fiscalías y los partidos para detectar aspirantes con vínculos con la delincuencia, habrá protocolos adecuados para cada región y cada nivel de peligro y se realizará una evaluación semanal de riesgos. La tarea no será nada fácil.
En diciembre, fue baleado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en la localidad de Puerto Vallarta. La semana pasada mataron a un potencial candidato local del estado de Quintana Roo, en el sureste del país, a Ignacio Sánchez Cordero cuando estaba en un café. Era el responsable de turismo de la localidad de Puerto Morelos.
La delincuencia organizada siempre es un actor en las elecciones mexicanas. En la campaña de 2018, cuando fue elegido Andrés Manuel López Obrador, fueron asesinados 48 aspirantes a un cargo popular y la consultora Etellekt cifró entonces en 543 las agresiones a políticos. En total, según los datos ofrecidos por Rodríguez el jueves, hubo 150 asesinatos con algún vínculo político.
Los criminales no sólo matan: secuestran, amenazan a familiares de los aspirantes, extorsionan, queman domicilios o negocios, donan dinero, financian y ofrecen protección. El objetivo es tener bajo su control a los servidores públicos de áreas clave para dominar territorios y garantizar que puedan operar con impunidad.
«Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, sobre todo cuando están en zona de influencia del crimen organizado», dijo Rodríguez. Por eso el objetivo es claro, añadió, «competir al partido del crimen (que) establece campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general».
Las zonas de máximo riesgo, según el gobierno, son los estados del istmo -Oaxaca y Veracruz- y gran parte de la costa del Pacífico.
