Por BEN FOX
WASHINGTON
Agencia AP
Las prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración de Estados Unidos serán menos generalizadas durante el gobierno del presidente Joe Biden que en el período de su predecesor, toda vez que las autoridades se concentrarán en aquellas personas que radican en el país sin autorización legal y representen una amenaza, de acuerdo con normativas dadas a conocer ayer.
Las directrices establecen un nuevo curso de acción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), el cual recibió fuertes críticas bajo el gobierno de Trump por arrestar y deportar a cualquier inmigrante con estatus irregular sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
En el gobierno de Biden, el ICE aprehenderá y deportará principalmente a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, hayan cometido delitos con agravantes, o hayan cruzado recientemente la frontera de manera ilegal.
Es un nuevo caso en que se rompe con las políticas de inmigración de Trump, pero también queda muy lejos de la noción de «abolir al ICE» que se convirtió en un lema entre algunos grupos progresistas molestos por lo que consideraban un método indiscriminado para imponer las leyes de inmigración.
Trump, cuyo gobierno implementó cientos de medidas para restringir la inmigración tanto legal como ilegal, ordenó al ICE aprehender a todo aquel que radicase en el país sin autorización. En junio de 2019, Trump tuiteó que «la próxima semana, el ICE empezará el proceso de deportar a los millones de inmigrantes ilegales que han hallado la manera de entrar ilícitamente en Estados Unidos».
Eso nunca sucedió. El total de las deportaciones fue mayor durante el primer periodo presidencial de Barack Obama que bajo el gobierno de Trump, en parte debido a que muchas ciudades y estados se opusieron a cooperar con el ICE de Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, señaló que las nuevas directrices, que son consideradas temporales hasta que una política permanente sea presentada en aproximadamente tres meses, representan una manera más inteligente de hacer uso de recursos limitados en una agencia que cuenta con cerca de 20.000 empleados, entre agentes y personal de apoyo.
«Al enfocar nuestros recursos limitados en casos que representan amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará su misión de vigilancia de manera más hábil y efectiva», manifestó Tae Johnson, director interino del ICE, al anunciar las nuevas directrices. «Al igual que toda agencia de seguridad a nivel local, estatal y federal, debemos jerarquizar nuestros esfuerzos para lograr el máximo impacto en seguridad».
Funcionarios y agentes del ICE han manifestado su preocupación en días recientes sobre una directriz jerarquizada que limite sus capacidades de realizar operaciones e inevitablemente resulte en que gente potencialmente peligrosa logre evadirlos, afirmó Jon Feere, un asesor de alto rango del ICE durante el gobierno de Trump.
Feere subrayó, por ejemplo, que las redadas en los lugares de trabajo, las cuales ocurrían con mayor frecuencia en el gobierno de Trump, por lo general terminaban en cargos como robo de identidad o fraude. Esos no serían considerados delitos graves pero son delitos que valdría la pena perseguir a fin de desarticular redes de tráfico de personas y a grupos de traficantes.
«El no permitir que el ICE cumpla con sus responsabilidades como lo hace ahora es un desmantelamiento de facto de la agencia», aseveró. «¿Y cuáles son las razones? ¿Quién sale ganando de todo esto? ¿Los traficantes?»
Las nuevas normativas podrían proteger a un número considerable de personas. El Instituto de Política Migratoria, una entidad sin afiliación partidista, calcula que 87% de las personas que no son ciudadanas estadounidenses y radican en el país sin autorización legal no entrarían en las prioridades de la ejecución de las leyes de inmigración en caso de que Biden opte por adoptar los criterios de seguridad nacional y seguridad pública tal como lo hizo el gobierno de Obama.
Funcionarios de Departamento de Seguridad Nacional señalaron que las nuevas directrices no exentan específicamente a nadie de ser arrestado o deportado de Estados Unidos en caso de hallarse en el país sin autorización legal.
Sin embargo, establecen una serie de prioridades para la deportación, y agentes y funcionarios requerirían obtener autorización para atender casos que no se encuentren en las tres categorías principales. Además, los reportes de arrestos semanales serían presentados al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien ha reiterado que desea corregir lo que considera un fallido sistema de inmigración de Estados Unidos.
La categoría de seguridad nacional incluye a todo aquel sospechoso de estar implicado en terrorismo o espionaje. La categoría de seguridad fronteriza cubre a quienes sean aprehendidos a lo largo de la frontera o puertos de entrada o quienes hayan ingresado a Estados Unidos después del 1 de noviembre. La categoría de seguridad pública aplica a todo aquel condenado por un delito que implique su participación «activa» en actividad de pandillas o haya sido condenado por un delito grave con agravantes.
