MADRID/Europa Press
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se mostrado «profundamente decepcionado» por la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar la investigación sobre el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos.
«El Departamento de Justicia de Estados Unidos respalda plenamente su investigación y sus cargos en este asunto», ha indicado en un comunicado recogido por el diario mexicano ‘El Universal’.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos renunció a presentar cargos para que pudiera ser juzgado en México, acusado de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva.
En particular, Washington critica la decisión de México de publicar información compartida con México de manera confidencial. «La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México», ha argumentado.
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Asimismo, Estados Unidos subraya que «los materiales difundidos hoy por México muestran que el caso contra el general Cienfuegos, de hecho, no fue inventado». «Esos materiales también muestran que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en los Estados Unidos, de conformidad con una orden judicial apropiada de los Estados Unidos y en pleno respeto de la soberanía de México. Un gran jurado federal de Estados Unidos analizó ese material y otras pruebas y concluyó que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia», ha indicado el Departamento de Justicia.
Estados Unidos no descarta reabrir el caso contra Cienfuegos después de que el jueves la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no abrir un proceso penal contra él al considerar que no tuvo relación alguna con los delitos de narcotráfico y crimen organizado por los que fue detenido el pasado mes de octubre en Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas señalaron que tras «analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades estadounidenses» y los entregados por el general Cienfuegos, han concluido «que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno».
INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La acusación detalla que Cienfuegos –conocido como ‘El Padrino’ en el marco de la investigación– protegió a cambio de sobornos al cártel H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a quien habría advertido también de cualquier tipo de movimiento dentro del Ejército que pudiera perjudicarles.
Sin embargo, la Fiscalía mexicana ha señalado que no se han encontrado pruebas de que el exministro de Defensa «hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado».
Además, «del análisis de su situación patrimonial y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público».
En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha resaltado en rueda de prensa que su Gobierno «avala» la decisión de la Fiscalía. «La resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver», ha dicho.
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El pasado 15 de octubre, el general Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en el marco de la ‘Operación Padrino’ del Departamento para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos agentes aseguraron haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el que fuera director de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Fue la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa era detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya fuera en territorio estadounidense o en suelo mexicano.
UNA FIGURA CONTROVERTIDA
Además de estas acusaciones, Cienfuegos, de 72 años, arrastra escándalos con respecto a su responsabilidad en varios casos de violaciones de los Derechos Humanos bajo la Administración de Peña Nieto, como el de Tlatlaya, donde murieron 22 personas a manos de efectivos del Ejército.
Aunque existen varias versiones de lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México corroboró que quienes estaban en el lugar no opusieron resistencia, pero pese a ello, al menos quince de los asesinados lo fueron de manera extrajudicial.
También ha sido acusado de «inacción» en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron atacados el 27 de septiembre de 2014 por un grupo de policías municipales de Iguala y del cártel de Guerreros Unidos. Cienfuegos negó entonces cualquier responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas.
El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de México, Alejandro Encinas, ha aseverado que su detención afectará, de hecho, a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.
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