Por JOSHUA GOODMAN/AP
Estados Unidos recortará la ayuda militar a El Salvador pese al intenso cabildeo que ha realizado en Washington el presidente Nayib Bukele para contrarrestar las críticas de que está llevando a su país por la senda del autoritarismo.
Dentro del proyecto de ley de gastos generales firmado el domingo por el presidente Donald Trump estaba una cláusula que prohíbe el acceso de El Salvador —así como de sus vecinos Guatemala y Honduras— a un programa del Departamento de Estado que proporciona financiamiento para la adquisición de equipo estadounidense de defensa.
La prohibición forma parte de una iniciativa de los demócratas en la Cámara de Representantes para fortalecer las medidas contra la corrupción en Centroamérica.
Aunque la asistencia para combatir el narcotráfico que es canalizada a través del Pentágono y por un monto mucho mayor no se vio afectada, de todas formas es un golpe simbólico para esos países en sus intentos por mostrar avances en el fortalecimiento del estado de derecho, afirmó Adam Isacson, de la Washington Office on Latin America, una organización no gubernamental para la promoción de los derechos humanos en América Latina.
«En esencia pone a estos países al mismo nivel que las dictaduras y los Estados fallidos», señaló Isacson, un experto en gastos de defensa. «Sólo un puñado de naciones no cumplen los requisitos para este programa».
Israel, Egipto y más de una docena de otros países reciben al año aproximadamente 5.600 millones de dólares a través del programa de Financiamiento Militar al Extranjero para financiar la adquisición de equipo y servicios militares estadounidenses. El Salvador ha recibido aproximadamente 15 millones de dólares a través del programa desde 2016, incluyendo 1,9 millones este año. La última vez que Honduras y Guatemala recibieron ese financiamiento fue en 2018.
Milena Mayorga, quien este mes se convirtió en la embajadora de El Salvador en Washington, dijo sentirse sorprendida por la reducción, que consideró contraria a décadas de cooperación militar cercana entre los dos países. El Salvador fue uno de los pocos países latinoamericanos en participar en la coalición encabezada por Estados Unidos que invadió Irak en 2003, y el aeropuerto internacional del país es uno de sólo dos en América Latina empleados por las fuerzas armadas estadounidenses para efectuar misiones antinarcóticos en la región.
«Creo que sería vital que lo reconsideraran», manifestó Mayorga en una entrevista con The Associated Press. «Se va a necesitar comprar siempre herramientas en el combate a la inseguridad».
Bukele asumió la presidencia en 2019 con la promesa de rescatar a El Salvador de las profundas divisiones causadas por la violencia descontrolada de las pandillas y la corrupción sistémica tanto en los gobiernos de derecha como en los de izquierda tras el fin de la guerra civil en 1992.
Sigue siendo popular en el país gracias a una aguda reducción en una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo. Pero en Washington se ha granjeado las críticas de los demócratas y de algunos republicanos por aplicar estrategias como la que tomó en febrero, rodeando al Congreso con tropas fuertemente armadas con el fin de presionar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para financiar la lucha contra las pandillas.
Mayorga dijo que los partidos tradicionales que han dominado el Congreso de El Salvador se han esmerado en intentar mostrar a Bukele como un autócrata. Pero afirmó que muchas de las iniciativas del mandatario, tales como invitar a la OEA a que encabece una comisión para investigar sobornos, son acordes con los señalamientos en el Congreso estadounidense sobre el combate a la corrupción.
«Ahora es cuando más se necesita apoyo», dijo Mayorga, una popular exconductora de televisión que como legisladora rompió con su partido ARENA, de extracción conservadora, para respaldar a Bukele.
El gobierno de Bukele intentó mejorar su imagen en Washington, para lo cual contrató el cabildeo de tres firmas de la capital estadounidense a un costo total de más de 1,6 millones de dólares desde agosto.
La prohibición parcial, que fue promovida por la representante demócrata Norma Torres, la única inmigrante centroamericana en el Congreso, fue adoptada por el Senado en el proyecto de ley federal de gastos enviado este mes al presidente.
El plan de gastos también incluye una cláusula que amenaza con aplicar sanciones específicas a funcionarios gubernamentales en los países del Triángulo Norte — El Salvador, Guatemala y Honduras — que se considere que hayan socavado a las instituciones democráticas. Requiere que el mandatario presente en los próximos 180 días una lista pública de individuos corruptos. Se prevé que eso incluya a algunos de los políticos más poderosos de la región, algunos de los cuales se sospecha desde hace años que tienen vínculos con narcotraficantes.
En los últimos años, la ayuda extranjera a Centroamérica ha estado sujeta a mucho regateo. En 2019, Trump suspendió el apoyo a varios países por el continuo flujo de migrantes provenientes de la región.
Bukele logró que la ayuda se reanudara al firmar un acuerdo en el que permitía que Estados Unidos enviara a solicitantes de asilo provenientes de otros países a El Salvador, preparando el terreno para una época de cooperación cercana con el gobierno de Trump. Pero incluso funcionarios de Trump expresaron discretamente en mayo su preocupación de que el desafío de Bukele al Congreso y a la Corte Suprema de El Salvador ponía en riesgo que cumpliera los requisitos para recibir ayuda contra la pobreza.
El presidente electo Joe Biden considera a Centroamérica una de sus prioridades en política exterior en el hemisferio occidental, y se desconoce si respaldará la decisión de reducir la ayuda militar al Triángulo Norte. Cuando era vicepresidente promovió firmemente un paquete de 750 millones de dólares para la región con el fin de combatir las causas subyacentes a la migración — la pobreza y la violencia —, y ha prometido que como presidente incrementará esa ayuda a 4.000 millones de dólares.
