Por MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR
Agencia AP
El Ministerio Público de El Salvador presentó una nueva acusación penal contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras dos personas por haber incurrido en actos de corrupción en el contrato para la construcción de un puente, cuya obra no se concluyó.
Esta es la séptima acusación contra el exmandatario salvadoreño, que junto a su pareja Ada Mitchell Guzmán y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
«Hoy, hemos presentado un nuevo proceso contra el expresidente Mauricio Funes, su socio Miguel Menéndez y el señor Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A (SERDELCO S. A)», informó en su cuenta de Twitter el Fiscal General de la República, Raúl Melara.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, el representante legal de SERDELCO S.A, habría entregado a Funes y a Miguel Menéndez el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL como dádiva para ser favorecido con la adjudicación del contrato «Construcción Puente San Isidro», proceso que inició el Ministerio de Obras Públicas en marzo de 2013.
La Fiscalía confirmó que giró orden de captura contra Funes, Menéndez y el guatemalteco Aparicio Mejía. El mandatario y su socio Menéndez serán procesados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, mientras que el guatemalteco por el delito de cohecho activo.
Desde su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo: «No tengo idea de quien es Juan Ramón Aparicio, de nacionalidad guatemalteco y tampoco soy socio de Miguel Menéndez en ninguna de sus empresas y sociedades».
Agregó que: «Primero el presidente de la República no tiene entre sus facultades adjudicar contratos de construcción de puentes o de cualquier otra obra pública. Segundo, el avión de la fotografía no es de mi propiedad. ¿Cómo puedo favorecerme de una dádiva que no es mía, ni nunca fue mía?».
En noviembre de 2017, cuando Funes ya estaba asilado en Nicaragua, un tribunal condenó al exmandatario en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409,145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes Velasco por el mismo delito.
Funes también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica. También está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario. Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.
Funes, de 61 años, y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
