Por Lourdes Arana
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El Juzgado Quinto Penal inició con la audiencia de primera declaración de Rommel Francisco González Pinto y de Nancy Noemí Aquino Montenegro, quienes son señalados por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) de los delitos de tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones, en el caso denominado Bufete de Abogados VIP, develado el pasado martes.
Se espera que para este viernes el Juzgado Quinto, a cargo de la jueza Judith Secaida, resuelva si González Pinto y Aquino Montenegro son ligados a proceso penal.
La Fiscalía dio a conocer que los abogados involucrados, habrían intervenido en al menos cinco casos, sin embargo, no se ha especificado cuáles podrían ser estos procesos o si son de alto perfil.
FORMA DE OPERAR
Según las investigaciones del MP, González y Aquino, contactaron a distintos exfuncionarios y empleados públicos que en algún momento habrían tenido alguna denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por la posible comisión de actos ilícitos, con el fin de ofrecerles asesoría jurídica y resolver sus casos.
Después de haberse comunicado con las potenciales víctimas, el grupo delincuencial se reunían con ellas para ofrecerles sus servicios por fuertes sumas dinerarias, a cambio de ejercer una supuesta influencia sobre jueces y fiscales, sin embargo, la información que proporcionaban era falsa.
AMENAZAS PARA DESESTIMAR DENUNCIAS EN LA FISCALÍA
El grupo delincuencial realizó llamadas telefónicas a la Fiscalía contra la Corrupción, para entablar comunicaciones con los auxiliares fiscales encargados de tramitar distintas investigaciones con el propósito de amenazarlos e intimidarlos para que procedieran a desestimar determinadas denuncias, según Campo.
En una de las llamadas, una mujer dijo ser asesora de la Junta Directiva del Congreso de la República solicitando la desestimación de una denuncia contra un funcionario público actual, sin embargo, Campo evitó dar su nombre al estar en curso la investigación. Posteriormente se realizaron las consultas correspondientes al Congreso para constatar si la persona que realizó la llamada pertenecía a ese organismo, sin embargo, negaron que trabajara para la institución.
