Por SCOTT SMITH y FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS
Agencia AP
Venezuela se encamina hacia las elecciones legislativas del domingo en las que se prevé que los candidatos del partido socialista del presidente Nicolás Maduro se impongan con comodidad ante la ausencia de rivales de peso debido a que las principales fuerzas opositoras llamaron a un boicot a los comicios por considerarlos un «fraude».
Si el oficialismo logra recuperar el control de la Asamblea Nacional, las fuerzas opositoras encabezadas por Juan Guaidó quedarán sin mayor peso institucional para ejercer algún contrapeso, lo que podría acelerar la extinción de los últimos vestigios de la democracia venezolana, sostuvieron analistas.
«Todo indica que él (Maduro) va a lograr lo que siempre ha buscado que es tener control total, autoritario, hegemónico de todas las instituciones del país», dijo a The Associated Press el presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Shifter.
En los comicios legislativos participarán algunas organizaciones opositoras minoritarias que han mantenido diálogo con el gobierno y disidentes de los grandes partidos opositores a los que el Tribunal Supremo de Justicia les entregó a mediados de año la dirección, tarjetas, símbolos y colores de esas organizaciones.
Durante 16 años la Asamblea Nacional estuvo en manos del oficialismo, pero tras la derrota en los comicios de diciembre de 2015 el cuerpo legislativo pasó a ser controlado por la oposición, que por cinco años debió sortear fuertes presiones y el cerco del máximo tribunal, controlado por el gobierno, que anuló todas las leyes y decisiones que tomaron los congresistas opositores.
Maduro consolidará el control institucional en medio de los cuestionamientos de buena parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, lo que hace prever que el mandatario izquierdista deberá seguir lidiando con las presiones internacionales y las sanciones, que han puesto contra las cuerdas las finanzas del gobierno, y que ha logrado sortear gracias al apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, sus estrechos aliados.
Shifter descartó que la postura de Washington hacia el gobierno venezolano cambie en enero luego de que Joe Biden asuma la presidencia y planteó que el demócrata tendrá una posición «bastante dura» contra Maduro, tal vez de mayor acercamiento hacia los europeos de lo que se vio durante el mandato de Donald Trump.
Venezuela, que alguna vez fue una potencia productora de petróleo, enfrentará el nuevo contexto político en medio de la peor crisis económica y social de su historia reciente.
Más de cinco millones de venezolanos han huido en los últimos años, lo que representa la migración más grande del mundo después de la Siria, devastada por la guerra.
Para la oposición las perspectivas no lucen nada favorables. Golpeada por las fracturas internas y la pérdida de respaldo popular, la coalición opositora está promoviendo un boicot a las elecciones legislativas y una consulta popular para medir el respaldo de los sectores adversos al gobierno.
En la consulta, que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de manera digital, se le preguntará a la población si está a favor de exigir el «cese de la usurpación» de la presidencia de Maduro y de hacer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria. La consulta, impulsada por organizaciones civiles, no contará con ninguna auditoría ni observación independiente y no tendrá validez legal.
Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Washington, dijo que los dirigentes opositores saben el riesgo que implica llevar a cabo el referendo a medida que se desvanece el apoyo popular que alguna vez fue ferviente.
El gran movimiento que impulsó Guaidó, de 37 años, al asumir la dirección del Congreso y declararse presidente interino en 2019 se ha debilitado de manera acelerada en el último año a medida que los venezolanos se frustraron porque la oposición no pudo derrocar a Maduro y restaurar la estabilidad en la nación sudamericana.
Uno de los mayores apoyos internacionales que recibió el líder opositor fue el de la administración Trump, que golpeó a Maduro con sanciones dirigidas a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), privándolo de miles de millones de dólares anuales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también acusó a Maduro de «narcoterrorista» y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto.
Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos en Venezuela, dijo que su país continuará reconociendo a los legisladores de la oposición y a Guaidó como presidente interino a pesar del resultado de la votación del domingo. El mandato de Guaidó en la Asamblea Nacional finalizará a principios de enero.
Abrams dijo que también espera que el amplio apoyo internacional a la oposición venezolana se mantenga firme a pesar de los esfuerzos del gobierno de Maduro por socavar la democracia. «Han hecho todo lo posible para asegurarse de que ésta no sea una elección libre», dijo. «En cambio, estamos obteniendo una elección que no merece ser llamada elección».
