Por ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ
Agencia AP
El Congreso de Colombia aprobó ayer el proyecto «Ley de vacunas para COVID-19», que garantizaría que las dosis sean gratuitas para todos los ciudadanos. Tras la votación en el Senado y Cámara de Representantes, la norma pasa a sanción presidencial, el último paso que requiere para convertirse en ley.
«Todos los colombianos, independientemente de su estrato socioeconómico y ubicación geográfica, nos vamos a poder poner la vacuna gratis, pero no obligatoria», dijo a la AP el congresista Ricardo Ferro, autor de la iniciativa parlamentaria que apoyó el gobierno colombiano.
El proyecto fue polémico porque reduce la responsabilidad de los fabricantes de vacunas sobre los efectos adversos que puedan generar a quienes voluntariamente decidan recibirlas. Por esta razón, 24 congresistas votaron en contra.
«Porque le hace concesiones inaceptables a las multinacionales, voto no», dijo durante la plenaria el senador de oposición Jorge Enrique Robledo.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha explicado que dicha cláusula de indemnidad está en la mayoría de los contratos de negociaciones directas con los fabricantes debido a la celeridad con la que se están desarrollando las vacunas en todo el mundo.
«El gobierno colombiano asume los efectos adversos de la vacuna y de alguna manera exime al productor del uso en condiciones de emergencia», dijo el funcionario mediante una comunicación oficial el 27 de noviembre.
Previendo posibles demandas contra el Estado, el Congreso aprobó la contratación de una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por las vacunas contra la COVID-19.
El Estado aceptará donaciones de dinero para adquirir las vacunas y en contraprestación hará un descuento tributario a las personas naturales y jurídicas equivalente al 50% del impuesto sobre la renta. La norma aclara que no podrán hacer donaciones las empresas del sector de Salud nacionales ni internacionales.
Además, faculta al Ministerio de Salud para priorizar los grupos poblacionales a los que le será aplicada la vacuna. De acuerdo con información oficial, la primera fase de vacunación será para 15 millones de personas con mayor riesgo de mortalidad, menos de la tercera parte de la población colombiana. La recibirán primero más de siete millones de personas mayores de 60 años, siete millones de personas con comorbilidades como hipertensión y diabetes, y 800.000 trabajadores de la salud.
Colombia ha mantenido las negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad con varias farmacéuticas. Se conoce de manera oficial que el Ministerio de Hacienda aprobó recursos para comprar a Pfizer 10 millones de dosis, por un valor unitario de 12 dólares. Otros 10 millones de dosis de vacunas serán adquiridas mediante el mecanismo Covax, un convenio de más de 180 países para adquirir de forma equitativa la vacuna, y se tiene previsto que llegarán al país en el primer semestre de 2021.
Más tarde, en el marco de la emergencia sanitaria, un juez ordenó al gobierno exigir a los viajeros que lleguen del exterior el certificado de la prueba PCR con resultado negativo para COVID-19. El mismo jueves se conoció que la decisión fue ratificada por el juez tras una solicitud de aclaración que pidió el Ministerio de Salud.
La decisión puede ser impugnada por el gobierno, pero entre tanto un juzgado de Bogotá le dio 96 horas como plazo máximo al gobierno para exigir la prueba a los viajeros, quienes tendrán que pasar 14 días en aislamiento preventivo una vez que lleguen a Colombia.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteró el pasado 2 de diciembre su recomendación de no aplicar las pruebas de laboratorio al ingreso o a la salida del país, al no considerarla una medida efectiva.
«El individuo puede infectarse entre el periodo en que se tomó la prueba y el viaje y la prueba puede resultar negativa», dijo Jean Marc Gabostou, asesor internacional en emergencia en salud de la OPS.
Sin embargo, según el juez esta medida deberá regir hasta que se «tenga una vacuna segura y eficaz».
