Por MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR
Agencia AP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó ayer un reporte de que su gobierno ha estado negociando con una de las pandillas más poderosas del país a fin de reducir la tasa de asesinatos antes de las elecciones de mitad de mandato a cambio de privilegios en prisión.
El señalamiento es delicado en la nación centroamericana, donde las pandillas han aterrorizado a las personas con extorsiones y asesinatos desde hace años. Varios exfuncionarios de gobiernos anteriores están siendo procesados actualmente por presuntamente participar en tratos similares con estas organizaciones criminales.
El fiscal general Raúl Melara, cuya oficina es independiente de la Presidencia, dijo en una entrevista con un programa de televisión local que su oficina investigará las versiones reportadas por el medio en línea “El Faro”.
El “Faro” reportó el viernes que había obtenido un lote de documentos gubernamentales, incluidos registros e informes de inteligencia penitenciarios, que muestran que varios funcionarios del gobierno han mantenido negociaciones con miembros de la pandilla MS-13 desde junio de 2019. Bukele respondió con una serie de negativas desde su cuenta de Twitter.
«Lo que publica El Faro es la confirmación, ya con documentos oficiales, de lo que hemos venido denunciando desde el año pasado, que existían indicios de negociaciones con las pandillas», dijo a The Associated Press Jannette Aguilar, una académica especialista en temas de seguridad y de violencia.
Por su parte, Juan Carlos Fernández Saca, decano de la facultad de posgrados de la Universidad Matías Delgado, dijo a la AP que «si la investigación de “El Faro” resulta ser cierta, sería un duro golpe a la estrategia del gobierno que se ha basado en demostrar a la población que no tiene ninguna tregua con las pandillas y que están implementando una serie de medidas de choque contra ellas».
Entretanto, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, que aparece involucrado en las supuestas negociaciones con las pandillas, trató de restarle credibilidad a la publicación de El Faro, al que calificó de «panfleto».
«No presentaron fotos, no hay vídeos, no hay audios, no hay pruebas reales. Todo lo que ellos han escrito y están diciendo, es un supuesto», sostuvo.
De ser ciertos, los señalamientos serían un golpe fuerte para Bukele, quien hizo campaña prometiendo ser un presidente apegado a la ley y el orden y que ha tratado de reforzar esa imagen a través de palabras y acciones de dureza durante su mandato.
En respuesta a lo ocurrido, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, convocó a varios medios de comunicación para inspeccionar la situación en tres centros penales de seguridad que albergan a pandilleros sometidos a confinamiento desde abril.
El equipo de AP que tuvo acceso a todas las áreas del penal de Quezaltepeque, a 25 kilómetros al noroeste de la capital, conversó con pandilleros de diferentes facciones. Hacinados en pequeñas celdas, se acercaron a las rejas para hablar con los periodistas.
«Aquí estamos los sureños, los revolucionarios (de la pandilla Barrio 18), y las letras (Mara Salvatrucha MS), aquí estamos conviviendo tranquilos, sin ningún percance, pero tenemos tiempo de estar solo con un uniforme, de no saber de visitas, de padecer enfermedades, pero estamos tranquilos», dijo uno de los presos mientras otros trataban de llegar hasta las rejas.
Todos lucían cubiertos con tatuajes de sus respectivas pandillas.
Los pandilleros confirmaron que a varios de sus compañeros los trasladaron a las áreas aisladas y que ya no han tenido comunicación con ellos.
El director general de los penales negó la versión del periódico digital y reiteró que los pandilleros no van a tener privilegios en las cárceles: Lo queremos dejar claro, con el Estado nadie va a negociar, nosotros vamos hacer cumplir la ley, no vamos a negociar con grupos criminales terroristas».
Poco después, el presidente Bukele publicó un tuit felicitando a Luna y reiteró que los periodistas accedan a las cárceles «con acceso irrestricto a todas las áreas, que entrevisten al azar a los reos que quieran y que pregunten lo que quieran. Que no quede un ápice de credibilidad de ese planfeto (El Faro)».
En abril, después de varios días de violencia callejera en los que murieron más de 60 personas, Bukele ordenó que los miembros de pandillas rivales fueran mezclados en celdas, ordenó la instalación de láminas metálicas para sellar celdas y evitar que los presos pudieran comunicarse con personas afuera y distribuyó fotografías de pandilleros en calzoncillos y obligados a sentarse en el suelo, a horcajadas, uno detrás del otro.
Bukele ganó las elecciones en 2019 como candidato independiente de los dos partidos históricamente dominantes, aunque ascendió en las filas de uno de ellos. Durante su primer año en el cargo, ganó reconocimiento a medida que la notoriamente alta tasa de homicidios de El Salvador comenzó a caer.
En 2012, el gobierno del presidente Mauricio Funes llegó supuestamente a un acuerdo similar con las pandillas. En julio de este año, un tribunal ordenó arresto domiciliario para el general retirado David Munguía Payes, quien se había desempeñado como ministro de Defensa durante ese gobierno y que presuntamente participó en las negociaciones.
Funes, quien huyó a Nicaragua y recibió asilo allí, ha negado haber negociado con las pandillas.
