SAN SALVADOR
Agencia AP
El presidente Nayib Bukele informó ayer que vetó la ley de reconciliación nacional aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa salvadoreña porque –asegura– deja en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.
El mandatario ya había advertido que no sancionaría ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: Verdad, Reparación y Justicia.
«Esta ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional es un fraude de ley desde su nombre, porque es una simple amnistía para desaparecer las penas para los que cometieron crímenes de guerra», dijo el mandatario en conferencia de prensa en Casa Presidencial.
«Esta nueva ley es una impunidad de facto. Esto no es solo inconstitucional, sino que además viola acuerdos y tratados internacionales», agregó el mandatario.
La Ley fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Once votaron en contra, uno se abstuvo. Los 23 parlamentarios del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se mantuvieron en silencio; no la apoyaron, pero no la rechazaron, y cinco legisladores estuvieron ausentes a la hora de la votación.
Para que una ley entre en vigencia debe ser sancionada por el presidente de la República.
Ahora la norma en cuestión regresará a la Asamblea Legislativa, pero se necesitan 56 votos para superar el veto presidencial.
Después de conocer el veto presidencial, el diputado del FMLN, Jorge Schafik Handal, dijo en su cuenta oficial de Twitter que ellos no dieron sus votos para aprobar la ley «porque deja una ventana abierta para que exista amnistía».
«Esta ley ya fue vetada, y si no hay votos para superar el veto, esa ley se va al archivo y entonces hay que crear una ley común, ya no sería justicia transicional y esa nueva ley será más drástica», agregó.
En julio de 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de amnistía aprobada en 1993, cinco días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el cual registró más de 22 mil denuncias de hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil de 1980 a 1992. Al declarar inconstitucional esa ley, la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse su investigación y que se repare a las víctimas.
La Corte también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repetirán.
Bukele sostuvo que con esta ley los diputados le ordenan al Ministerio Público que mande al archivo crímenes de guerra y que no se puedan reabrir, «lo cual viola el principio legal de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben».
También criticó que los diputados no hayan cumplido con el mandato de la Sala de lo Constitucional de aprobar una ley que tuviera un compromiso de no repetición de los hechos, «pero esta ley fomenta la impunidad, que es todo lo contrario».
Sostuvo que los crímenes deben de responder con un castigo penal, «llamase cárcel, y con una responsabilidad civil», pero señaló que esta ley no contempla ninguna indemnización pagada por el criminal acusado de delitos de guerra y de lesa humanidad.
El presidente del Congreso, Mario Ponce, defendió la aprobación de la ley porque aseguró que cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional en cuanto a reparación de las víctimas y la penalización de los crímenes de lesa humanidad.
«Voté por esta ley a pesar de que tiene imperfecciones», manifestó a su vez el diputado Raúl Beltrán del conservador parrido Concertación Nacional.
