POR MARLON GONZÁLEZ Y CHRISTOPHER SHERMAN /AP
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Honduras y la Organización de los Estados Americanos no alcanzaron este viernes un acuerdo para ampliar el mandato de una misión anticorrupción cuya labor puso al descubierto malversaciones de fondos públicos.
El mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras expira el domingo.
«No llegamos a un consenso para la firma de un nuevo convenio entre el estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA», dijo en un comunicado el gobierno hondureño.
El gobierno señaló que era importante tomar en consideración las quejas de algunos sectores económicos y políticos sobre el comportamiento de miembros de la misión. Sus quejas incluían acusaciones de «excesos en sus facultades» y de ser «atropellados en sus derechos y garantías constitucionales», de acuerdo con el comunicado.
ASÍ REACCIONARON LAS PARTES
El secretario de la presidencia de Honduras, Ebal Díaz, quien participó en las negociaciones con la OEA, dijo en un mensaje de video que el gobierno mantenía su compromiso de combatir la corrupción.
Sin embargo, la OEA señaló en un comunicado que el obstáculo insorteable fue la insistencia del gobierno hondureño en que la misión dejara de colaborar con una unidad especial selecta y adiestrada al interior del Ministerio Público que presentaba los casos de corrupción.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera que el fin de la labor de la comisión «constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país», según el comunicado.
SITUACIONES QUE INFLUYERON
El anuncio de la renuncia esta semana de la jefa interina de la misión, Ana María Calderón, había aumentado las preocupaciones de que los días del organismo estaban contados.
En diciembre, el Congreso de Honduras aprobó recomendar que la comisión no continuara más allá de su periodo de cuatro años.
El presidente Juan Orlando Hernández invitó en 2015 a la OEA a integrar la misión ante las exigencias de la ciudadanía de que renunciara debido a denuncias de que montos equivalentes a millones de dólares fueron saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Integrada por juristas e investigadores internacionales, la comisión se propuso fortalecer las instituciones de justicia de Honduras y ayudarlas a investigar casos de corrupción en el sector público. Sin embargo, la comisión nunca tuvo el peso ni los recursos como una comisión de Naciones Unidas cuya labor en la vecina Guatemala permitió enjuiciar a tres expresidentes. Aun así, aumentó la capacidad de un grupo selecto de fiscales hondureños e incomodaba a funcionarios.
Entre sus logros, la comisión descubrió redes de organizaciones no lucrativas y legislativas que operaban como fachadas y que movieron fondos públicos a los bolsillos de los legisladores.
LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTÓ
Los legisladores hondureños respondieron obstruyendo sus investigaciones y crearon obstáculos para evitar que los fiscales del país progresaran en los casos. También redujeron las sentencias para crímenes relacionados con corrupción y básicamente bloquearon al Ministerio Público de investigar el uso inadecuado de fondos públicos hasta siete años.
El viernes, el Congreso afirmó que incluso renovar el mandato de la comisión sin una modificación sustancial necesitaba la aprobación legislativa. Otros dijeron que podría concretarse con un simple intercambio de cartas entre el gobierno y la OEA.
El Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó a Honduras a que renovara el mandato de la comisión sin cambios, pero los analistas consideran que el presidente Juan Orlando Hernández se pudo haber sentido alentado a terminarla ya que las prioridades de la Casa Blanca en la región se concentraron en contener la migración.
Tras firmar un acuerdo de cooperación sobre asilo, Honduras y Estados Unidos finalizaron la semana pasada las medidas de implementación que permitirían a las autoridades estadounidenses enviar a solicitantes de asilo desde otros países a suelo hondureño para que ahí pidan protección. Está previsto que Estados Unidos comience a enviar a solicitantes de asilo a Honduras en las próximas semanas.
