CIUDAD DE MÉXICO/AP
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrascó en un enfrentamiento verbal con una coalición de grupos empresariales y civiles que tratan de bloquear judicialmente uno de los proyectos favoritos del mandatario: un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
Los grupos protestaron cuando López Obrador abandonó meses atrás el desarrollo de una terminal construida parcialmente por el gobierno anterior en el lecho de un lago antiguo, alegando que el proyecto fue resultado de maniobras de corrupción y que costaría demasiado.
En su lugar, AMLO quiere construir el nuevo aeropuerto en una base militar más lejana, argumentando que costaría menos. Sin embargo, los grupos empresariales y de la sociedad civil, que formaron un colectivo llamado #NoMásDerroches, dicen que el Presidente está desperdiciando miles de millones de dólares que ya se han gastado en el proyecto anterior.
López Obrador dijo esta semana que una de las organizaciones está formada por mexicanos a favor de la corrupción, mofándose de su nombre real, «Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad».
«Se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven los amparos en contra de las obras y no quieren que hagamos nada», dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. «Están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción», aseguró.
Como gran parte de la coalición, la organización sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción está respaldada por empresarios prominentes. Ha presentado decenas de querellas para bloquear el nuevo proyecto.
López Obrador afirma que los grupos empresariales tenían un interés económico en el antiguo proyecto.
El colectivo #NoMásDerroches publicó hoy desplegados en los diarios para defender los amparos presentados. Afirmó: «Seguiremos litigando este caso y asistiendo a los tribunales para demandar el cumplimiento de la ley y el buen uso de los recursos públicos».
«No nos mueve interés económico o político algunos, y tampoco el oponernos a su gobierno, nos mueve el interés ciudadano de que se cumpla la ley, y de que se utilicen de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente los recursos que los mexicanos entregamos al gobierno», aseveró.
El nuevo proyecto ha estado prácticamente paralizado durante meses por las demandas, pero el gobierno recientemente presentó apelaciones en las que argumentó que el proyecto es una cuestión de seguridad nacional, y por lo tanto no puede ser impugnado.
No es la primera vez que López Obrador se enfrenta con agencias de supervisión, grupos civiles y medios de comunicación, a los que ha calificado de «conservadores» o frívolos.
El Presidente ha tratado de llevar a cabo proyectos ambiciosos de infraestructura de transporte y petróleo, a menudo a pesar de las quejas de que no se han realizado estudios suficientes sobre su impacto en el medio ambiente o sus beneficios económicos.
La coalición argumentó que «la polarización no sirve al propósito que debemos buscar todos: el desarrollo de México».
