SAN SALVADOR
AP
El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas que fueron víctimas de abuso sexual, la ley castiga el aborto y quienes sean señaladas por desafiar las normas pueden perder su libertad.
Actualmente hay quienes cumplen entre 10 y 30 años de cárcel acusadas de haber abortado, pero miles de salvadoreñas, ONG y activistas no cesan en su lucha por despenalizar esta práctica. La situación avanza con lentitud, pero en 2018 dos prisioneras fueron liberadas y el Congreso discute la posibilidad de permitir el aborto cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando el embarazo sea producto de violación o trata de personas, cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero y en casos de abuso contra una menor.
Si la despenalización lograra avanzar entre los legisladores, habría una esperanza para las mujeres que sufren de abortos espontáneos, ya que el rigor de la legislación en el país –uno de los pocos en América Latina que aún prohíbe la interrupción del embarazo– se muestra incrédula ante estas situaciones.
Zuleyma Dinora Beltrán Vásquez vivía en una zona rural del occidente del país y cumplía el octavo mes de embarazo cuando una noche comenzó a sentirse mal. Dice que tenía mucho dolor de estómago, pero como ya era madre sabía que no eran molestias de parto y se fue a la cama. Horas después se levantó para ir al baño, un fuerte dolor la paralizó y se desmayó. Cuando despertó, estaba en un hospital público esposada a la cama.
Zuleyma, que ahora tiene 37 años, estaba desconcertada. Un hombre de saco y corbata –un representante del Ministerio Público– le dijo que sería procesada por homicidio agravado y otros a su alrededor, asegura, la juzgaron. Incluso una enfermera le dijo: “asesina, mataste a tu hijo”.
Aunque esta situación no es común en las clínicas privadas, en los hospitales públicos sí. Ahí las salvadoreñas que sufren abortos espontáneos pueden ser denunciadas ante la justicia, recibir trato de criminales y ser enviadas a la cárcel.
Entre 2014 a 2018, la organización no gubernamental Agrupación Ciudadana registró 146 mujeres procesadas. De éstas, 60 han sido condenadas, 34 por homicidio agravado y 26 por aborto.
Al no contar con recursos económicos, Zuleyma fue representada por defensores públicos que no supieron demostrar que ella no había matado a su hijo y la condenaron a 26 años de prisión. Su situación mejoró cuando abogados de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico tomaron su caso y tras diez años y siete meses en la cárcel, pudo salir con libertad condicional. Sin embargo, no puede evitar la frustración. “Estoy fuera, pero no han reconocido que soy inocente; siempre marginada, me siguen señalando”, dice.
Aunque su liberación y la de otra mujer condenada a 30 años por lo mismo podrían resultar alentadoras para quienes defienden la despenalización del aborto en El Salvador, todo indica que para lograr un cambio verdadero no sólo deben cambiar leyes, sino atenderse problemas sociales.
Los defensores de los derechos de las mujeres aseguran que el hecho de que nunca han salido denuncias de los hospitales privados tiene que ver con factores económicos. “Hay discrecionalidad e incluso buena atención médica, entonces hay un problema de injusticia social”, sostiene la presidenta de Agrupación Ciudadana, Morena Herrera.
“Parece que en El Salvador es un pecado ser pobre, es un gran pecado porque la pagamos bien fuerte”, dice Zuleyma, que asegura conocer gente que tiene dinero y “va donde los médicos a sacarse los niños. Ellas tiene como pagar, los pobres no”.
Cristina Quintanilla, que ya fue liberada aunque recibió una pena de tres décadas de cárcel luego de sufrir un aborto espontaneo, coincide. “A mí me condenaron por ser pobre, por no pagar un hospital privado donde se callan todo. Si yo fuera hija de ricos no me hubiera sucedido esto”.
La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto y de realizarlo, tanto mujeres como médicos serían juzgados. De ser encontrados culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años, pero en casos como el de Zuleyma, Cristina y otras mujeres, si el delito se cambia a homicidio agravado las mujeres pueden ser condenadas hasta a 40 años de cárcel.
Para Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México, la prohibición absoluta del aborto “está basada en estereotipos profundamente arraigados en una sociedad patriarcal, como es la salvadoreña y como son la mayoría de sociedades de nuestro continente. Esto tiene profundos impactos sobre la vida de las mujeres”.
Junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado que derogue la ley que prohíbe el aborto, pero de momento no ha habido resultados. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a El Salvador a revisar las condenas de las mujeres encarceladas por haber abortado.
Localmente se intenta impulsar un cambio a través del Congreso, pero el proceso ha sido lento y hay gran oposición de los sectores conservadores del país.
La ministra de Salud Pública, Violeta Menjivar, pidió a la Asamblea Legislativa estudiar la despenalización en cuatro casos específicos según la propuesta presentada por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Para ella la propuesta no promueve el aborto, sino la vida y la salud de las mujeres, pero los opositores no lo ven de este modo. El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Ricardo Velásquez Parker, ha expresado el rechazo de su partido porque aseguran que eso implica que “una mujer decide voluntariamente matar a su hijo. En concordancia con esto, la Fundación Sí a la Vida aseguró en un campo pagado que “la legalización del aborto es un fracaso colectivo, pues es síntoma de una sociedad enferma que le dado la espalada a la mujer frente a un embarazo inesperado o una dificultad”.
The Associated Press solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con los directores de la Fundación Sí a la Vida, pero nunca accedieron. Sin embargo, la presidente de la fundación, Julia Regina de Cardenal afirmó en su cuenta de Twitter que: “el aborto no es un derecho humano, legalizar el aborto es dar derecho a destruir dos vidas, la de la madre explotada por ese negocio y la de su hijo por nacer asesinado cobardemente”.
El Colegio Médico también expresó su oposición a la iniciativa para despenalizar el aborto y exigió “la defensa de la vida en todas sus etapas desde el momento de la concepción, ya que tanto para la sociedad como para nosotros los médicos, constituye la esencia principal y científica de la medicina, la salud y la dignidad de la persona”.
¿Existe, entonces, alguna posibilidad de que estos escenarios cambien?
Defensores de los derechos humanos de las mujeres en el país se sienten muy esperanzados luego de que un tribunal exonerara de toda responsabilidad a una joven sobreviviente de violación que estaba encarcelada acusada de intento de homicidio luego de sufrir una emergencia obstétrica y que fue acusada por el Ministerio Público de tratar de abortar a una niña producto de una violación.
“Nosotros encontramos que esta valoración de este juez sienta un precedente importante en la lucha de estos casos”, dijo a la AP la abogada Bertha María Deleón. “El país está cambiando, el sistema de justicia está cambiando, no a la velocidad que las mujeres necesitan, pero si hay esperanzas, hoy se ha demostrado que hay jueces qué si toman en serio su papel y que resuelven conforme a la evidencia, respetando los derechos de las mujeres”, agregó.
Por su parte, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de la Colectiva Feminista, afirma que “el 2018 nos lleva a un contexto en el cual la sociedad salvadoreña ha cambiado”, luego de una fuerte campaña de comunicación que ha logrado que muchos sectores se involucren y se movilicen en favor de las mujeres presas por aborto.
