Buenos Aires/dpa
El empresario argentino Lázaro Báez, muy cercano a la familia Kirchner, se sentó hoy en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra por lavado de dinero.
Báez, juzgado junto a otras 24 personas, entre ellos sus hijos Martín, Leandro, Melina y Luciana, es el primer empresario vinculado a los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que enfrenta un juicio oral y público.
El juicio podría extenderse nueve meses y contaría con la presentación de unos 90 testigos.
«Que la Justicia pueda llegar a instancias de juicios orales como el que hoy se inició contra Lázaro Báez por lavado de dinero marca el compromiso que tiene el Gobierno (argentino) de enfrentar la corrupción», expresó hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una rueda de prensa en Buenos Aires.
Báez fue trasladado durante la mañana a los tribunales federales de Buenos Aires desde la prisión situada en la localidad bonaerense de Ezeiza, en los suburbios de la capital argentina, donde se encuentra alojado desde abril de 2016.
El empresario enfrenta la acusación de haber conformado entre 2010 y 2013 «una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero» para «poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita» e «integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia» lícita.
Báez recibió millonarios contratos de obra pública en los gobiernos kirchneristas.
El juez federal Sebastián Casanello, que estuvo a cargo de la investigación del caso, desestimó en su momento que la expresidenta y actual senadora de la opositora coalición Unidad Ciudadana estuviera vinculada a esta operatoria.
Tampoco Báez, en sus declaraciones judiciales, involucró a la exjefa de Estado en las maniobras bajo investigación.
Fernández de Kirchner y Báez, sin embargo, enfrentarán el próximo 26 de febrero un juicio acusados de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
La Justicia consideró que existen pruebas de que hubo durante la presidencia de Kirchner una manipulación de la adjudicación de obra pública para beneficiar a Báez.
La exmandataria también está imputada en otra causa que investiga a la empresa hotelera Hotesur, cuyos accionistas son integrantes de la familia Kirchner, por supuestos alquileres de habitaciones -que no habrían sido ocupadas realmente- a empresas vinculadas a Báez, lo que se estima podría haber sido un pago de sobornos y operaciones de lavado de dinero.
