Por ASTRID GALVAN y ELLIOT SPAGAT
Agencia AP
Se cumple en las próximas horas un plazo judicial impuesto al gobierno de Donald Trump para reunir a miles de niños y padres separados por la fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos, una tarea logística colosal producto de la política de “tolerancia cero” para los ingresos sin autorización.
Las autoridades han identificado a 2.551 niños de cinco años o más comprendidos por la orden de reunirlos con sus padres. Se prevé que el plazo no se podrá cumplir en su totalidad, en parte porque cientos de padres han sido deportados sin sus hijos.
Pero también se prevé que las autoridades proclamarán que la orden fue cumplida al concentrarse únicamente en las familias que el gobierno considera “aptas” para la reunificación.
Para el martes, 1.021 padres habían sido reunidos con sus hijos en instalaciones de la policía de inmigración y aduanas ICE. Cientos más habían recibido la autorización y solo esperaban transporte.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en el Congreso el miércoles que el gobierno estaba “encaminado” en el cumplimiento del plazo, una afirmación recibida con incredulidad y furia por el Bloque de Legisladores Hispanos, integrado exclusivamente por demócratas, según personas que asistieron. Nielsen se negó a hacer declaraciones a la prensa después de la reunión a puertas cerradas.
Desde hace dos semanas llegan constantemente niños a instalaciones de ICE en Texas, Arizona y Nuevo México para reunirse con sus padres. Grupos religiosos y laicos los han provisto de alimentos, ropa, asesoría legal y boletos de avión y autobús. A los padres se les coloca una pulsera de vigilancia en el tobillo y se les da una fecha para comparecer ante un juez de inmigración.
La brasileña Natalia Oliveira da Silva aguardaba nerviosa frente a un centro de detención en Pearsall, Texas, a su hijita Sara. Pronto vio a la niña de cinco años que llegaba en un vehículo.
Al saltar a los brazos de su madre, le preguntó, ansiosa, “no te van a llevar otra vez, ¿no?”
El juez federal Dana Sabraw, en San Diego, elogió al gobierno por sus esfuerzos para reunir a las familias, pero también respondió al hecho de que 463 padres estarían fuera de Estados Unidos.
“Es la realidad de una política que provocó la separación de muchas familias sin pensar en la reunificación ni en conservar el rastro de la gente”, dijo Sabraw, juez designada por el presidente republicano George W. Bush.
