Por Jorge Hurtado
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Ayer una nueva jordana de protestas dejó más de treinta heridos y al menos un muerto a inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, luego de ser tomada por los estudiantes, quienes piden la salida del presidente Daniel Ortega del poder.
Los estudiantes que han liderado las protestas desde el pasado 18 de abril en el país centroamericano, se encuentran atrincherados en cuatro universidades estatales y han sido víctimas de constantes ataques de grupos paramilitares afines al gobierno y de la policía nacional.
Una comisión de Amnistía Internacional que se encontraba en la universidad como parte de un reporte que presentarán hoy, documentó la represión en vivo por medio de Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La violencia contra estudiantes ha ido en aumento desde el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas en contra de reformas a la seguridad social. Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado una investigación profunda en Nicaragua para verificar los reportes de violaciones de derechos humanos”, manifestó la organización por medio de un comunicado.
La represión policial escaló al atacar el centro comercial Metrocentro, cercano a la universidad, así como una estación de gasolina que sirvió de refugio para estudiantes y ciudadanos que mantenían la protesta. Un equipo periodístico del diario La Prensa y la Agencia de Noticias EFE, denunciaron ser agredidos y retenidos por varios minutos por agentes policiales mientras daban cobertura al enfrentamiento. Así mismo, las instalaciones de la oficialista Radio Ya sufrió la quema parcial de sus instalaciones.
Mientras los universitarios se enfrentaban a las fuerzas del orden, una comisión mixta con representantes del gobierno y de la Alianza Cívica, conformada por estudiantes, campesinos, empresarios y sociedad civil, acordaron continuar con el diálogo nacional sin especificar fecha.
“Hacer un llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y el cumplimiento de las recomendaciones 1, 2 y 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, citó el comunicado en conjunto, en referencia a las primeras recomendaciones que la CIDH dejó al gobierno solicitando “una investigación internacional independiente sobre los hechos de violencia”, “Respetar el derecho a las protestas pacíficas” y “cesar la represión y detenciones arbitrarias”.
“LA POLICÍA HA SIDO VÍCTIMA”
Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa vicepresidenta y vocera del gobierno, han criminalizado las protestas acusándoles de causar caos y anarquía en el país. Aseguraron que han sido las fuerzas del orden las víctimas en el conflicto.
“La policía, ha sido víctima de esta campaña, la policía tiene órdenes de no disparar y la prueba es que cuando se atacó el cuartel de Masaya donde estaba la policía protegiéndose en el cuartel, durante ese ataque la policía no disparó y resistió varias horas y no disparó”, afirmó Ortega.
Socorro Jirón, habitante de Masaya, quien ha vivido de cerca los enfrentamientos durante semanas le contradice: “la policía les estaba disparando, los muchachos no tenían nada más que piedras para defenderse y el hospital que debe dar asistencia pública estaba cerrado, no querían atenderlos”.
“Yo le puedo decir al Presidente que un policía me disparó” enfatiza Dennis González, un joven de 26 años, quien recibió un disparo en su cabeza el pasado 21 de abril. Asegura regresaba en taxi de su trabajo cuando pasó por un retén policial cercano a las protestas y un oficial le disparó sin mediar palabras.
EL DIÁLOGO NO ES SALIDA INMEDIATA
Tres semanas después de iniciadas las protestas el gobierno revocó la reforma al Seguro Social que detonaron las manifestaciones, admitiendo que se equivocaron y aceptaron participar en el diálogo nacional como salida a la crisis política, sin embargo, las negociaciones han dejado en segundo plano el tema de liquidez del seguro social y demandan la salida de Ortega que lleva 11 años gobernando el país.
“El diálogo no es la solución inmediata a la crisis que vivimos, la salida de la crisis es una consecuencia del diálogo, pero el objetivo primordial que busca el diálogo radica en dos elementos; Justicia y la Democratización del país”, afirma el abogado Theo Baez.
Según Báez, todos los actores que participan en la mesa lo hacen de buena fe, debido que la única condición que se ha cumplido para establecer el diálogo es la entrada al país de la CIDH y que la población debe continuar en las calles demandando sus derechos constitucionales de forma pacífica.
Para mañana el movimiento Madres de Abril convocó a una marcha nacional para exigir justicia por las muertes que ascienden a 87 personas, en su mayoría estudiantes universitarios y más de 800 heridos. El gobierno por su parte convocó a una contramarcha, según sus dirigentes, en “defensa de la revolución”.
