Por CHRISTINE ARMARIO
BOGOTÁ
Agencia (AP)
Los candidatos de un partido político que alguna vez fue el grupo rebelde más grande de Colombia anunciaron ayer la suspensión temporal de sus campañas presidenciales y legislativas debido a temores por su seguridad.
Flanqueados por policías armados, varios líderes del partido conocido ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) dijeron el viernes que han decidido detener todas sus actividades de la campaña hasta que su seguridad esté suficientemente garantizada. Las siglas FARC correspondían anteriormente al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
«Exigimos al gobierno nacional que haga efectivas las garantías para el ejercicio político», afirmó el exdirigente Jorge Torres, más conocido por su nombre de guerra Pablo Catatumbo.
Desde que lanzaron su campaña hace menos de dos semanas, los excombatientes han enfrentado turbas furiosas y protestas, reflejo de las dificultades que enfrenta la reconciliación en Colombia tras la firma de un histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016 que les permitió iniciar un partido político a cambio de entregar sus armas y confesar sus delitos.
En al menos tres ocasiones, multitudes furiosas le lanzaron huevos y le gritaron «¡Asesino!» al excomandante guerrillero, ahora candidato presidencial Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Durante un acto de campaña por el candidato a senador Luciano Marín, alias Iván Márquez, manifestantes quemaron la bandera blanca de la agrupación. Otros candidatos han sido acosados o amenazados.
Desde la firma del acuerdo, los antiguos rebeldes han entregado las armas, creado un partido político e iniciado sus nuevas vidas como civiles. A pesar de esos hitos, muchos colombianos se han mostrado reacios a volver la página y apoyar el acuerdo después de más de cinco décadas de un conflicto armado que dejó al menos 250 mil muertos, 60 mil personas desaparecidas y más de 7 millones de personas desplazadas.
Los flamantes políticos dicen que grupos de ultraderecha, algunos afiliados al partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, un ferviente opositor del acuerdo de paz, son responsables de los ataques. Quieren que las autoridades los hagan responsables y tomen medidas para impedir los choques.
«Una cosa es el derecho a la protesta», dijo Márquez a The Associated Press. «Otra cosa es cometer actos de delincuencia».
Según las encuestas, muchos colombianos creen que los rebeldes deberían confesar sus crímenes frente a una corte especial de paz antes de poder ser candidatos, pero las audiencias judiciales todavía no han comenzado y el acuerdo de paz les garantiza a los excombatientes 10 bancas en el Congreso. Eso significa que serán elegidos en marzo antes de declarar. Bajo las condiciones generosas del acuerdo, los que confiesen delitos difícilmente irán a la cárcel.
En un tuit el viernes, Uribe reiteró que los responsables de crímenes atroces deben estar vedados de las candidaturas o al menos deben purgar una condena razonable y pedir perdón. Añadió que el partido rechaza los «incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas».
El presidente Juan Manuel Santos exhortó a los colombianos a demostrar tolerancia al comenzar la campaña. Les recordó el mensaje del papa Francisco cuando visitó Colombia el año pasado: «demos el primer paso hacia la reconciliación».
