Por Martin Bialecki /dpa
Washington
El 27 de enero de 2017 fue un viernes frío en Washington. Por delante estaba el fin de semana, ideal para viajar. Y a solo una semana de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump comenzó a forjar su dura política migratoria.
El presidente determinó una prohibición de viaje de grandes consecuencias: refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana no podían ingresar al país. Establecía un plazo, pero entraba inmediatamente en vigor.
El decreto fue recibido con incredulidad y enojo. Sólo unas horas después, los aeropuertos se habían convertido en un caos.
Trump argumentó que el objetivo era mantener alejados a los terroristas islámicos. A Estados Unidos sólo deben llegar aquellos «que apoyan y aman profundamente a nuestro país», dijo Trump al firmar el decreto en el Pentágono.
A partir de entonces, no se permitía la entrada durante 90 días a ciudadanos de Irán, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen e Irak. Además, se prohibía el ingreso durante 120 días de cualquier refugiado.
El decreto fue aplicado inmediatamente. Los pasajeros fueron frenados en aeropuertos de Estados Unidos y detenidos. En el JFK de Nueva York un agente fronterizo le dijo a un iraquí que protestaba: «Llame al señor Trump».
Al caos en los aeropuertos le siguieron grandes manifestaciones en Washington, Los Angeles, San Francisco y Dallas. «Fin al veto musulmán», decían los carteles en Nueva York. En las zonas de tránsito se frenó a cientos de pasajeros, hubo disturbios y escenas conmovedoras. Los abogados y defensores de derechos humanos trabajaban sin parar.
En las primeras horas, nadie sabía bien qué es lo que estaba pasando. «¿Mi visa es válida?» «¿No vale mi ‘Green Card’?» «¿Se puede detener a alguien que al partir hacia Estados Unidos no sabía nada del decreto de Trump?»
La decisión generó una ola de indignación mundial, incluso de jefes de Estado o de Gobierno, como la canciller alemana Angela Merkel, que consideró que el decreto de Trump no era el camino y no se justificaba siquiera con la lucha contra el terrorismo.
Varios analistas consideraron que el primer decreto de Trump fue elaborado con descuido, fácilmente impugnable y que su formulación era imprecisa.
En la noche del 28 de enero, la jueza de Nueva York Ann M. Donnelly determinó que en principio no se podía impedir el ingreso a nadie que tuviera una visa o un permiso de residencia permanente (Green Card). El 3 de febrero, un juez federal frenó temporalmente el veto migratorio tras las demandas presentadas por los estados de Washington y Minnesota. Las apelaciones fracasaron.
Se dice que Trump estalló de ira por estos inesperados bloqueos a su medida. Públicamente cuestionó la legalidad de la jurisdicción. Para los críticos, su reacción fue motivo para atribuirle una actitud autoritaria.
El 6 de marzo, Trump promulgó un segundo veto migratorio en el que Irak ya no figuraba entre los países de la lista y que establecía que cualquiera que tuviera una visa válida podía ingresar a Estados Unidos.
La segunda versión fue elaborada más concienzudamente, aunque sólo se necesitaron unos diez días hasta que un juez de Hawai volvió a frenarla.
Los jueces bloquearon los decretos siempre con los mismos argumentos. Pusieron en duda su constitucionalidad y se remitieron a las declaraciones antimusulmanas de Trump durante la campaña electoral, en la que pidió «un bloqueo completo a los musulmanes en Estados Unidos».
Cuanto más tiempo llevaba la disputa legal, menos sentido tenía el contenido de los decretos. El plazo que establecía, en el que se debían elaborar nuevas reglas y «revisiones extremas», finalmente expiró y los que fueron marcados como presuntamente peligrosos pudieron volver a entrar.
Después de muchas idas y vueltas de instancias menores, la Suprema Corte de Justicia autorizó parcialmente el decreto de Trump el 26 de junio. Este permitía entregar nuevas visas a aquellos con familiares cercanos en Estados Unidos o con alguna relación con una institución estadounidense, o sea, si trabajaba o estudiaba en el país. Lo que llevó a una nueva disputa judicial: ¿Qué es un familiar «cercano?
El 4 de diciembre, la Suprema Corte autorizó la tercera versión del veto migratorio. Afectaba a ciudadanos de Irán, Chad, Libia, Somalia, Siria y Yemen. El Gobierno argumentó que estos países no cumplían con las exigencias de Estados Unidos sobre las revisiones de seguridad a los solicitantes de visas.
También se aplicaron restricciones para ciudadanos de Corea del Norte y Venezuela, que debían haber regido desde el 18 de octubre pero fueron bloqueadas judicialmente.
En abril, la Corte Suprema tiene previsto volver a tratar las prohibiciones de ingreso. Para el sábado, en el primer aniversario del 27 de enero, diversas agrupaciones de derechos civiles y musulmanes convocaron protestas frente a la Casa Blanca.
