Quito
DPA
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por corrupción, perderá hoy su cargo, debido a que legalmente su ausencia temporal por estar detenido se convierte en definitiva.
Esto obliga al Gobierno a enviar una lista con nombres de posibles sucesores a la Asamblea Nacional (AN) para que ésta escoja al reemplazo de Glas, cuyo mandato expira a medianoche de hoy (05:00 GMT de mañana), cuando se cumplan 90 días de su detención.
El Parlamento tiene el deber de “elegir a la vicepresidenta o vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por la presidenta o presidente de la República”, dice la Constitución ecuatoriana en su artículo 120.
Los nombres de la terna de reemplazantes que enviará el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se desconocen, pero serán perfiles de personas “que le den coherencia y continuidad al programa de gobierno por el que votaron los ecuatorianos”, declaró el secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal.
Este mecanismo constitucional dejaría sin efecto el juicio político que se encuentra en pleno trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y que busca destituir y censurar a Glas por el delito de cohecho, una de las causales para enjuiciar al segundo mandatario.
No hay mecanismo legal para enjuiciar a un ex vicepresidente, pero legisladores como Ricardo Zambrano, del partido gubernamental Alianza País, opinan que el juicio político debe proseguir porque “en los actuales momentos censurar a un servidor público de tan alta representación es un mensaje significativo para la población”.
Glas se encuentra detenido desde el 2 de octubre de 2017, acusado de corrupción y sentenciado por la Corte Nacional de Justicia a seis años de reclusión como autor de un delito de asociación ilícita por recibir más de 14 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La Fiscalía lo acusó del delito y pidió prisión preventiva para él así como para su tío, Ricardo Rivera, el ex contralor Carlos Pólit, quien está prófugo en Estados Unidos, y para otras 15 personas, seis de las cuales no han sido hasta ahora detenidas.
En el juicio en su contra, basado en informaciones de asistencia penal internacional con Estados Unidos y Brasil y en las delaciones de ex funcionarios de Odebrecht, se vinculó a Glas en la gestión de contratos a favor de la multinacional, por lo que recibió sobornos a través de su tío Rivera.
La sentencia de seis años emitida el pasado 13 de diciembre no cierra el proceso, ya que todavía se están tramitando los alegatos de la defensa y otros recursos hasta que la condena sea definitiva.
La pérdida del cargo de Jorge Glas se enmarca en la profunda ruptura del gobernante movimiento Alianza País (AP) y en el alejamiento de sus dos líderes, el presidente Moreno y su antecesor Rafael Correa.
Los «correístas» reclaman que Moreno debió continuar con la línea socialista implementada en la «revolución ciudadana» de Correa, pero el actual mandatario impuso su estilo, abrió un diálogo nacional con todos los sectores y acusó al Gobierno anterior de dejar la economía deshecha.
Correa dijo que la nueva actitud era «una traición» a quienes votaron por Moreno.
Jorge Glas, reelegido para el cargo de vicepresidente en abril de 2017, se alineó con el ex jefe de Estado, al mismo tiempo que crecían las acusaciones de corrupción en su contra.
Moreno le retiró las funciones de manejo de los sectores estratégicos (electricidad, petróleo, puertos y otros) y, después de cuatro meses como vicepresidencia, llegó la detención de Glas por indicios de corrupción.
Como reemplazo temporal está en el cargo la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, a quien el presidente encargó la coordinación de la consulta popular que preguntará a los ecuatorianos el próximo 4 de febrero sobre siete temas de política, economía y ambiente.
La caída de Glas no afectará el funcionamiento gubernamental de Moreno, que logró en estos seis primeros meses de gestión un gran abanico de apoyo, inclusive de sectores de la derecha política ecuatoriana.
En cambio, Glas podría incrementar sus penurias, ya que además de perder su cargo, estar detenido y sentenciado, puede ser imputado por otros delitos como lavado de activos, cohecho y peculado, los cuales están siendo investigados por la Fiscalía de Ecuador.
