POR AGENCIAS/AP
La Paz
La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó ayer una norma que amplía las causales para despenalizar el aborto, entre ellas que la embarazada sea menor, a pesar del rechazo de las iglesias Católica y Evangélica.
La norma, impulsada por el gobierno, permite la interrupción de la gestación hasta la octava semana siempre que haya “consentimiento de la embarazada” en los casos en que “sea estudiante, niña o adolescente”, según la disposición incluida en el Código Penal.
El presidente Evo Morales promulgará y pondrá en vigencia la ley en los próximos días. Hasta ahora, el aborto sólo estaba permitido si la vida de la madre corría peligro, en caso de malformaciones del feto o si el embarazo era consecuencia de una violación o incesto.
Si la interrupción del embarazo se hace por otras causales será sancionada con una pena de prisión de uno a tres años.
En América Latina sólo El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben el aborto sin excepciones. En septiembre Chile, que también penaba la interrupción del embarazo, promulgó una ley que despenaliza el aborto en ciertos casos.
EN CIFRAS
Bolivia tiene una de las tasas altas de embarazo adolescente y de abortos clandestinos. Estudios del gobierno estiman que cada año se realizan más de 80 mil abortos clandestinos y aunque no hay datos la Organización Mundial de la Salud estima que la interrupción del embarazo provoca un 9 por ciento de muertes maternas en el país.
La ministra de Salud, Ariana Campero, mencionó que el aborto es la tercera causa de muerte. “No son seguros, son inducidos por hierbas o en lugares clandestinos. Por eso es que esta reforma ayuda mucho”, dijo.
La Conferencia Episcopal de Bolivia ha manifestado en varias ocasiones su malestar por la reforma y en los últimos días organizó multitudinarias marchas de rechazo.
“En Bolivia se ha aprobado este artículo que atenta contra la vida, que alienta el genocidio a pesar de que nosotros esperábamos que se lo elimine”, dijo a The Associated Press, Luis Aruquipa, representante de la plataforma a favor de la vida de la Iglesia Evangélica.
Aruquipa indicó que elevarán un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
