POR ARITZ PARRA/AP
Madrid
Un juez español ordenó encarcelar a un excoronel salvadoreño acusado de participar en la matanza de cinco sacerdotes jesuitas en 1989.
Inocente Orlando Montano, quien fue viceministro de Seguridad Pública en la década de los 80 en plena guerra civil en El Salvador, fue extraditado el miércoles a España desde Estados Unidos.
Montano, de 74 años, está acusado de “asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad” por la matanza de cinco sacerdotes, que eran ciudadanos españoles. Otro jesuita, el ama de llaves y la hija de ésta también murieron en la masacre, que desató condenas internacionales.
Según documentos judiciales estadounidenses, los curas estaban ayudando a organizar negociaciones de paz para poner fin al conflicto que agobió al país centroamericano entre 1980 y 1992 y dejó 75 mil muertos. En ese momento el padre Ignacio Ellacuria, uno de los asesinados, era decano de la universidad UAC.
El abogado de Montano, Antonio Alberca, declaró hoy que el exmilitar niega estar involucrado en el crimen. Pidió su libertad por razones médicas, ya que ha padecido cáncer de vesícula.
EL PROCESO
El exmilitar fue transportado a la Audiencia Nacional en ambulancia y se presentó ante el juez Manuel García Castellón en silla de ruedas.
Pero el juez ratificó una decisión de 2011 de someterlo a prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga.
Según el magistrado, la investigación española de la masacre revela que el excoronel “participa activamente en la decisión y diseño del asesinato” como miembro dirigente de La Tandona, una agrupación de 20 oficiales salvadoreños.
Montano, quien en su carácter de viceministro de seguridad supervisaba la Policía Nacional, asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre de 1989 en la cual se tomó la decisión de asesinar a Ellacuria al día siguiente y “asegurarse de no dejar testigos”, según la pesquisa española.
Montano fue arrestado en 2011 en Massachusetts, donde trabajaba en una fábrica de golosinas, y condenado a poco menos de dos años por fraude y perjurio inmigratorio.
A continuación comenzó una larga batalla por su extradición. Un magistrado federal resolvió en 2016 que las pruebas demostraban la participación de Montano en la masacre, y semanas atrás la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el último obstáculo legal para la extradición.
España ha emitido órdenes de aprehensión para otros exoficiales que residen en El Salvador, pero el país centroamericano se ha negado a permitir su extradición.
Dos oficiales cumplieron condenas breves en El Salvador, pero Montano y otros oficiales nunca fueron juzgados por las autoridades salvadoreñas por el asesinato de los sacerdotes. Un grupo jesuita inició recientemente una campaña para que las autoridades salvadoreñas vuelvan a investigar los asesinatos.
