Barcelona
DPA
Los cambios que viene impulsando el Gobierno de Cataluña en su intento por independizar la región nororiental del resto de España se cobraron hoy una nueva víctima con la renuncia del jefe de la Policía regional, Albert Batlle.
El director de los «Mossos d’Esquadra» presentó su dimisión en medio de las críticas que venía recibiendo de sectores secesionistas por su negativa a implicar al cuerpo en el polémico referéndum sobre la independencia que el Gobierno local quiere celebrar el 1 de octubre.
Batlle se despidió del organismo con un comunicado interno en el que asegura que la Policía regional seguirá trabajando por la defensa de los ciudadanos «con escrupuloso respeto y sujeción a la Ley», según citaron los medios españoles.
Su salida se produce en medio del terremoto político que vive España por el plan del Gobierno catalán para celebrar el referéndum independentista pese al rechazo del Gobierno central de Mariano Rajoy, que lo considera ilegal y asegura que no se producirá.
El viernes, el jefe del Gobierno en Barcelona, Carles Puigdemont, destituyó ya a varios consejeros de su Ejecutivo que habían mostrado dudas sobre la consulta, reforzando su perfil soberanista para los dos meses y medio de recta final hasta el referéndum.
Entre los consejeros salientes se encontraba el de Interior, Jordi Jané, cuestionado también por el independentismo por negarse a implicar a los «Mossos» en el plan soberanista. Su sucesor, Joaquim Forn, abrió un interrogante sobre Batlle al asumir el cargo.
Preguntado el sábado sobre la continuidad de Batlle, Forn expresó que no podía «garantizar ni una cosa ni la otra» y dejó claro el papel que espera de la Policía en el hipotético referéndum: «Garantizar la seguridad y que la gente pueda votar con tranquilidad».
El pulso independentista fue creciendo en Cataluña desde que en 2010 el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional. En el último lustro, las relaciones entre el Gobierno de España y el de la región fueron especialmente tensas por el desafío separatista.
En una consulta convocada en 2014 y declarada ilegal por la Justicia española, cerca de dos millones de los 7.5 millones de catalanes acudieron a las urnas y se pronunciaron en un 80 por ciento a favor de una Cataluña independiente.
