Brasilia
DPA
El Gobierno de Michel Temer, presidente en ejercicio de Brasil, arrancó el jueves bajo la misma sombra de corrupción con la que fue suspendida por seis meses Dilma Rousseff.
Al menos tres de los 23 nuevos ministros son investigados en el marco de la operación Lava Jato de la Policía Federal que reveló la trama de corrupción que operó en el ente estatal Petrobras.
Dos de ellos integran el «núcleo duro» del Gobierno: Romero Jucá, titular de Planificación, y Geddel Vieira Lima, de la Secretaría del Gobierno. El tercero es el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves.
Los tres son correligionarios de Temer en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El propio presidente interino fue mencionado como eventual beneficiario de los fraudes por parte de un implicado en la trama ilegal que colabora con los investigadores, y su nombre también figura como vinculado a las acciones en documentos confiscados.
Por esas razones, la Fiscalía General evalúa si pedirá o no que Temer sea investigado formalmente en el caso.
Según el portal de investigación periodística «Congresso em Foco», otros tres ministros que asumieron el jueves responden a procesos de investigación en el Supremo: el titular de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, de Transportes, Maurício Quintella Lessa, y de Salud, Ricardo Barros.
Por su parte el «primer ministro» de Temer, Eliseu Padilha, jefe de Gabinete, fue mencionado como partícipe de los fraudes en Petrobras por el exsenador Delcídio do Amaral, destituido la semana pasada tras ser arrestado. El exsenador es acusado de intentar obstruir investigaciones vinculadas al caso Petrobras.
La situación del suspendido Gobierno de Rousseff no está más limpia en lo que refiere a problemas con la Justicia.
De hecho, Amaral fue integrante del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y era líder del Gobierno en el Senado cuando fue arrestado, en diciembre.
Amaral fue grabado intentando sobornar a un exdirector de Petrobras que está detenido, para que no firmara un acuerdo de colaboración con los agentes de la Lava Jato.
Tras ser detenido, Amaral firmó él mismo un acuerdo de ese tenor, en el marco del cual realizó la acusación más grave que existe contra la suspendida presidenta. Dijo que tanto ella como el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva estaban al tanto de los desmanes en Petrobras y que ambos actuaron para intentar frenar u obstaculizar las investigaciones.
Sobre la presidenta dijo que nombró a un miembro del Supremo Tribunal de Justicia -la segunda principal corte judicial, después de la Corte Suprema- que se habría comprometido a votar a favor de la liberación de empresarios presos por sus implicancias con el caso Petrobras.
Respecto a Lula, expresó que intentó comprar el silencio del ex director de Petrobras a través del hijo del funcionario -ocasión en la que fue grabado y luego arrestado- por orden del ex mandatario, quien quería proteger a un amigo suyo, que también está preso.
Asimismo, varios ministros de Rousseff que el jueves fueron despedidos a instancias de la suspensión del Gobierno están siendo investigados por sus presuntos nexos con la red ilegal en Petrobras.
Entre otros, están en esa situación integrantes del más alto escalafón del Gobierno de Rousseff, como sus exjefes de Gabinete Aloizio Mercadante y Jaques Wagner; el extitular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Edinho Silva; el exministro de Gobierno, Ricardo Berzoini; y el ex abogado general de la República, José Eduardo Cardozo.
El propio Lula tiene en suspenso una denuncia penal y un pedido de arresto preventivo, bajo sospecha de haberse beneficiado con la trama en Petrobras.
Rousseff llegó a nombrarlo jefe de Gabinete, pero su nombramiento fue suspendido por la Justicia, bajo sospecha de que fue una maniobra para conferirle el privilegio de los fueros.
