Associated Press
LIMA, Perú
Agencia/AP
Decenas de mujeres extranjeras protestaron ayer frente a la Superintendencia de Migraciones para exigir el cumplimiento de una ley emitida hace más de medio año que les permite regularizar su permanencia en el país sin el aval de sus parejas peruanas que las han sometido a violencia intrafamiliar.
«Aún se aplica la antigua ley donde únicamente nos otorgan la residencia por nuestras parejas, si tenemos problemas familiares y el hombre no quiere ayudar en la renovación de la residencia, las autoridades nos expulsan del país y los niños quedan separados de nosotras», dijo Inés Agresott, colombiana dirigente del «Colectivo Madres Migrantes Maltratadas».
La nueva ley migratoria peruana, aprobada en setiembre, aún no entra en vigencia porque no ha sido publicado su reglamento, confirmó a la AP la Defensoría del Pueblo.
Percy Castillo, experto de la Defensoría del Pueblo de Perú, comentó que para renovar anualmente su permanencia migratoria en el país las extranjeras deben llevar una fotocopia del documento de identidad del padre peruano de sus hijos.
Castillo explicó que «este trámite, en apariencia sencillo, no lo es cuando ellas son ellas víctimas de violencia familiar y entonces sucede que el marido o conviviente peruano se niega a entregar una fotocopia de su documento o las somete a chantajes» y al no poder realizar el trámite, las mujeres caen en la ilegalidad migratoria.
Sin documentos en regla, las extranjeras no pueden encontrar un trabajo formal que les permita obtener la residencia por razones de empleo. Muchas sufren terribles problemas económicos e «incluso si quieren irse del país no pueden llevarse a sus hijos porque necesitan una autorización del padre, entonces están en un laberinto legal», subrayó Castillo.
«Es un problema terrible que el estado peruano no está solucionando», señaló Agresott, que junto a decenas de extranjeras protestó con cruces de color negro pegadas a AMS, banderas de España, Colombia, Chile, Ecuador, México y Costa Rica. Muchas coreaban «queremos respeto, no queremos maltratos».
Desde 2010, la Defensoría del Pueblo ha recibido más de 100 denuncias de madres extranjeras cuyas parejas peruanas han dificultado su trámite de residencia en el país.
