SAN SALVADOR, El Salvador
AP
La Asamblea Legislativa salvadoreña reformó el Código Penal y una serie de leyes, y aprobó castigar con hasta 15 años de prisión a quienes pacten, ofrezcan beneficios o sean intermediarios de las pandillas.
Las reformas, que fueron aprobadas anoche con la mayoría de los votos de los diputados de todos los partidos, buscan fortalecer las medidas extraordinarias de seguridad pública que implementó el gobierno en su esfuerzo por golpear y desarticular las estructuras criminales a las que las autoridades responsabilizan de la escalada de violencia que azota al país.
Las leyes reformadas establecen que se castigará con penas de prisión de tres a 15 años a quienes ayuden, lucren, pacten acuerdos de no persecución criminal, ofrezcan beneficios o sirvan de intermediarios de las pandillas.
El exguerrillero Raúl Mijango dijo a The Associated Press que «lo que se está haciendo es quemar todos los barcos que pueden de alguna manera permitir encontrar otro tipo de soluciones a este problema (de la violencia), hacen una apuesta total al tema de la represión y eso históricamente ha probado que no resuelve este problema».
Mijango, que es investigado por la fiscalía por su accionar en la tregua de 2012 entre las principales pandillas para bajar los homicidios, afirmó que «yo siento que lo que se está haciendo es criminalizar la acción civilizada del diálogo como instrumento pacífico para encontrar soluciones a los conflictos».
