Washington
DPA
Un total de 43 senadores republicanos cuestionaron ayer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la constitucionalidad de los decretos migratorios del presidente Barack Obama, bloqueados desde hace más de un año en los tribunales por los republicanos.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y otros 42 senadores del partido de la oposición enviaron al Supremo una declaración «amicus curiae» a contra de los decretos de Obama. Entre los firmantes de la carta, destacan los senadores hispanos Marco Rubio y Ted Cruz, precandidato a las primarias republicanas.
El «amicus curiae» (amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a cartas presentadas por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Los republicanos argumentan que Obama se excedió en su poder ejecutivo al conceder papeles temporales a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados y denuncian que esquivó al Congreso, que es el que debería legislar al respecto.
Desde que anunció que iba a oír el caso, el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de Estados Unidos, ha recibido varias declaraciones a favor y en contra de los decretos migratorios de Obama.
En marzo, congresistas y senadores demócratas enviaron otra «amicus curiae» defendiendo las decretos migratorios de Obama.
El pasado mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que le permitirá presentar ante el Supremo un escrito contra los decretos migratorios de Obama. Los republicanos, que tienen mayoría en ambas cámaras, forzaron este voto sin precedentes en la cámara baja.
Ante la falta de una reforma migratoria, Obama anunció en noviembre de 2014 los decretos migratorios.
Texas y otros 25 estados gobernados por republicanos lo denunciaron en los tribunales y lograron que el juez Andrew Hanen, de Texas, los bloqueara en febrero de 2015.
El próximo 18 de abril tendrá lugar la primera audiencia y se espera que en junio el Supremo anuncie su decisión.
Si el Supremo da luz verde a los decretos migratorios de Obama, cinco millones de indocumentados obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
Si los jueces deciden en contra, los decretos migratorios no podrían implementarse y la suerte de millones de indocumentados estaría en manos del presidente y del Congreso que se forme tras las elecciones presidenciales de noviembre.
Se calcula que en Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.
