MONTEVIDEO, Uruguay
AP
Los sindicatos de la enseñanza realizan hoy un paro general de actividades que desafía un decreto que considera esencial el trabajo de los docentes emitido el lunes por el gobierno que los obligaba a regresar hoy al trabajo tras diez días de paros y huelgas.
Los profesores de secundaria de todo el país y los maestros de la capital Montevideo y otras ciudades del sur del país decidieron desconocer el decreto, exponiéndose a sanciones. El decreto de esencialidad «viola la legislación nacional e internacional», dice la página web del sindicato nacional de docentes de secundaria.
Mientras tanto, representantes del gobierno de la coalición izquierdista Frente Amplio y de la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional del Trabajo (PIT-CNT) negocian una salida al conflicto.
El gobierno uruguayo decretó el lunes que la educación pública será considerada un servicio esencial por lo que los maestros y profesores deben levantar las medidas de paro que habían paralizado la educación pública. «Los estudiantes tienen el derecho a recibir su educación», dijo el martes el presidente Tabaré Vázquez justificando su decisión, en una rueda de prensa durante un acto de conmemoración de la independencia del país, mientras profesores y maestros gritaban consignas en su contra.
El decreto de esencialidad se impone por sobre el derecho a huelga y los gremios se exponen a sanciones graves al continuar la huelga.
«Es deber del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación y Cultura garantizar la asistencia a clase de todos los niños y adolescentes del país», dijo la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, al anunciar la medida en conferencia de prensa.
Los profesores de enseñanza secundaria y maestros de primaria reclaman un salario mínimo de 30.000 pesos (unos 1.040 dólares) y rechazan una propuesta de las autoridades de llevar el salario mínimo a 25.000 pesos (unos 865 dólares).
Los paros, que comenzaron diez días atrás, afectaban a unos 350.000 niños que concurren a las escuelas públicas y 290.000 adolescentes que asisten a los centros de estudio estatales de secundaria. La población total de Uruguay es de 3,3 millones de habitantes.
El conflicto no es sólo salarial, ya que los sindicatos también pretenden que el presupuesto educativo reciba el 6% del Producto Bruto Interno y rechazan una propuesta del gobierno de condicionar un eventual aumento de sueldos al cumplimiento de metas educativas y al compromiso de no realizar huelgas.
La serie de paros coincide con la discusión en el Parlamento del presupuesto quinquenal del que dependen en gran medida los ajustes de salarios de los docentes y otros funcionarios públicos.
El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en un consejo de ministros en marzo que para elaborar el presupuesto el gobierno se manejaría con especial cautela por el efecto en la economía de Uruguay de un complejo contexto internacional.
Desde que asumió Vázquez el 1 de marzo la economía ha dado señales de desaceleración, tensando la relación entre el gobierno y los sindicatos. El porcentaje de desempleados ha experimentado pequeños aumentos en los últimos meses y alcanzó 7,4% en junio, la última cifra oficial disponible.
