RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU.
AP
Carolina del Norte es el inusual escenario de una batalla legal que podría determinar si un coronel salvadoreño retirado es juzgado por la matanza de seis sacerdotes jesuitas ocurrida hace más de dos décadas, durante la guerra civil en El Salvador.
Una audiencia judicial sobre un pedido de extradición de Orlando Montano Morales, pautada para el miércoles 19 de agosto, representa un nuevo capítulo en un caso que se remonta a 1989, cuando, según las autoridades, soldados del ejército mataron a seis religiosos y dos empleadas domésticas. Montano es uno de 20 militares acusados en un tribunal de España, de donde eran cinco de los seis jesuitas muertos.
Montano, quien está detenido en Carolina del Norte, es el único de los imputados que podría estar al alcance de los fiscales españoles. La mayoría de los restantes se encuentran en El Salvador, cuyas autoridades no planean juzgarlos ni extraditarlos porque están amparados por una ley de amnistía que abarca todos los crímenes cometidos durante la guerra civil de 12 años que concluyó con los acuerdos de paz en 1992.
El militar retirado, de 73 años, ha negado su participación en la matanza de los religiosos. Un abogado que lo defiende no respondió a un correo electrónico de The Associated Press, en el que pedía comentarios.
Carolyn Patty Blum, abogada de derechos humanos que convenció a los tribunales españoles de que tomasen el caso, dijo que Montano representa la mejor oportunidad de llevar a cabo un juicio que saque a la luz el papel que desempeñaron los militares en la matanza.
«En El Salvador no pasará nada con la gran mayoría de los imputados, a menos que haya una fuerte erosión de la ley de amnistía», dijo Blum, quien asesora al Centro para la Justicia y la Responsabilidad.
La matanza generó una amplia condena internacional y contribuyó a debilitar el gobierno derechista salvadoreño que combatía a rebeldes de izquierda.
«La reacción predominante fue de conmoción. Se supo lo que realmente estaba sucediendo en El Salvador y el papel que desempeñaba el gobierno de Estados Unidos», dijo Tim Byrnes, profesor de Ciencias Política en la Colgate University.
El gobierno estadounidense aportó dinero, armas y entrenamiento a las fuerzas del gobierno. Pero los rebeldes también consiguieron muchas armas. «De hecho, estábamos armando a ambos bandos», dijo el senador Daniel Patrick Moynihan en el Senado de Estados Unidos después de la matanza.
Los asesinatos se produjeron en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Documentos presentados ante los tribunales afirman que los militares mataron a seis religiosos jesuitas, una mucama y su hija en una universidad de San Salvador. Los sacerdotes abogaban por un diálogo para poner fin a la lucha.
Dos oficiales fueron sentenciados a prisión en El Salvador en 1992 por las matanzas, pero fueron excarcelados luego de poco más de un año al entrar en vigor la amnistía. Montano y otros altos oficiales implicados nunca fueron juzgados.
Una demanda presentada por las autoridades estadounidenses en abril dice que Montano, quien fue viceministro de defensa y seguridad pública, supervisó una radio oficial que lanzó amenazas de muerte contra los religiosos en la universidad. Agrega que el coronel participó de una reunión en la que otro oficial dio la orden de matar a los jesuitas.
Según un informe emitido en 1993 por la Comisión de la Verdad de Naciones, el asesinato de los jesuitas fue decido por la cúpula castrense, de la cual formaba parte Montano.
Montano fue arrestado tras su excarcelación en abril pasado. Está retenido en una cárcel del Greenville, donde tendrá lugar la próxima vista.
