Por MARK STEVENSON
TIXTLA / Agencia AP
Vistiendo ropa donada, esperan cualquier información sobre el destino de sus hijos, comiendo platillos sencillos elaborados con arroz, frijol y tortillas, y realizando jornadas de oración en un albergue improvisado en el patio cubierto de la escuela.
«Lo quiero vivo, vivo se lo llevaron», dijo Macedonia Torres Romero, cuyo hijo José Luis está entre los desaparecidos.
Pero su deseo parece cada vez más improbable con el paso del tiempo.
Fiscales atribuyen las desapariciones ocurridas el 26 de septiembre a la policía, la cual mató a seis personas y lesionó al menos a 25 más en ataques separados. El caso indignó a los mexicanos, en un país donde el abuso de autoridad es común en áreas remotas. Algunos de los detenidos condujeron a las autoridades el fin de semana pasado a fosas comunes donde fueron encontrados 28 cadáveres, que algunos temen pertenezcan a los estudiantes. Sus identidades aún son desconocidas.
La desaparición de los 43 jóvenes tras estar en manos del Estado ha originado exigencias de justicia desde diversos puntos del planeta, incluido el Departamento de Estado estadounidense y la Organización de Estados Americanos, donde el secretario general José Miguel Insulza dijo que toda Latinoamérica está afligida.
En relación con los hechos fueron arrestados otros cuatro policías, aumentando la cifra a 26, dijo el jueves el procurador de Justicia del estado Iñaky Blanco, quien agregó que está solicitando al Congreso del estado retirar la inmunidad política al alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, a la cual tienen derecho todos los funcionarios electos bajo la ley mexicana. Abarca, quien según las autoridades se encuentra prófugo, podría enfrentar cargos por no intervenir para detener los ataques.
Los estudiantes de la escuela para formar maestros y sus familias provienen en su mayoría de regiones montañosas remotas del estado de Guerrero, donde viven en la pobreza bajo el yugo de gobiernos corruptos, traficantes de drogas o grupos de civiles armados, grupos anárquicos que han brotado repentinamente para luchar contra la ausencia del régimen de la ley en la zona.
Torres, una viuda que está criando seis hijos, vende cacahuates en un puesto en el poblado de Amilcingo, en el vecino estado de Morelos. Durante un tiempo, José Luis trabajó en todo tipo de labores en los campos para conseguir dinero adicional para la familia. Pero no era suficiente para subsistir.
«Entones él me dice, ‘mami voy a estudiar para sacarme adelante. No ves, mi papá ya no vive; tengo que hacer algo»’, recordó.
Los estudiantes graduados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el barrio Ayotzinapa de Tixtla, y otros en el sistema de escuelas normalistas, tienen garantizado empleo de maestros con salario de apenas 500 dólares mensuales en escuelas a las que con frecuencia sólo se puede llegar caminando.
Rogelio Guerrero López, estudiante graduado de Ayotzinapa, enseña ahora en una empobrecida escuela de tres salones en las montañas, a cuatro horas de camino sobre superficie de tierra. Hace dos semanas los maestros no pudieron salir de la escuela debido a que una banda de narcotraficantes había bloqueado el camino. Tuvo miedo de decir cuál banda lo hizo. Familias campesinas del área cultivan marihuana y amapola de opio para obtener un poco de dinero.
A pesar de la pobreza y violencia general, Guerrero López ha convencido a algunos muchachos locales de que asistan a Ayotzinapa. La escuela es gratuita, y los estudiantes están ansiosos por trabajar.
Pero ellos también se convierten en parte de la refriega. Son adoctrinados en políticas de izquierda y justifican sus atracos, robos y disturbios civiles en el nombre del empoderamiento de los ciudadanos más empobrecidos y explotados de México.
El rostro del revolucionario argentino Ernesto «Che» Guevara observa desde el costado de un edificio adornado con el lema «Regresaré, y seré millones». Otros murales presentan la imagen de Marx, Lenin y Engels.
Las escuelas normalistas comenzaron a radicalizarse en la década de 1960, dijo Jorge Javier Romero, un experto en educación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la ciudad de México. Señaló que el maestro rural y líder guerrillero Lucio Cabañas, quien murió en una balacera con soldados mexicanos en 1974, surgió de Ayotzinapa.
Se espera que los estudiantes salgan a realizar «actividades» arriesgadas de recaudación de fondos, que van desde pasar el sombrero en el poblado hasta tomar casetas de cobro de autopistas para dejar pasar a los automovilistas sin pagar peaje a cambio de una «donación». En ocasiones conlleva secuestrar autobuses o camiones de reparto de alimentos o bloquear carreteras, lo que puede ocasionar enfrentamientos con la policía.
El 26 de septiembre, José Luis se unió a una de las «actividades», la cual al parecer involucraba recaudar dinero en un bote de lata en la ciudad de Iguala. Él dijo a su madre de antemano que tenía miedo. Ella también lo estaba: «Yo le dije que están sucediendo cosas».
Esa fue su última conversación.
Funcionarios dicen que la policía municipal disparó a autobuses que los estudiantes secuestraron para regresar a la escuela. Seis personas murieron y decenas de estudiantes fueron retirados del lugar por la policía. Un sospechoso dijo a las autoridades que fueron entregados a una banda de narcotráfico que mató al menos a 17 de ellos en una fosa común clandestina, donde fueron desenterrados el fin de semana pasado 28 cadáveres quemados y desmembrados.
En Ayotzinapa, los estudiantes siguieron con sus rutinas diarias esta semana después del hallazgo macabro. Todos se pusieron a trabajar con energía barriendo el patio, lavando sus baldosas con agua, exponiendo al aire ropa de cama y lavando ropa en palanganas de concreto comunales.
El bullicio contrastaba con la muda tristeza en el patio, donde padres trataban de aferrarse a la esperanza.
«Yo estoy aquí hasta saber algo de mi hijo «, dijo Torres, fluyendo lágrimas de sus ojos, «de aquí no me voy «.
«El gobierno se llevó nuestros hijos, a nuestros familiares, no confiamos en él, en que haga el trabajo. Queremos justicia y castigo a los responsables».
Cruz Bautista
Tío de uno de los desaparecidos«México es una tumba clandestina porque todos lo enturbian y no hay claridad en la justicia mexicana»
Alejandro Solalinde.
Sacerdote y defensor de los derechos humanos
Sin rastro y sin móvil
Por Denis Düttmann y Andrea Sosa Cabrios
CIUDAD DE MÉXICO / Agencia dpa
Los niños van a la escuela, las tiendas están abiertas, las mujeres hacen sus compras. Fuera de eso, nada es normal en Iguala desde el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes hace casi dos semanas.
Policías federales fuertemente armados patrullan la ciudad, ubicada unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México en el estado de Guerrero. Con uniformes azules camuflados, chaleco antibalas, casco y armas de asalto vigilan plazas y calles.
Un cerro cercano y de difícil acceso, donde se hallaron seis fosas con 28 cadáveres, guarda secretos que hasta ahora no se han podido desentrañar.
Dónde están los estudiantes y por qué desaparecieron en una acción concertada entre policías y el crimen organizado, que primero les dispararon y causaron seis muertes.
«Es una parte que todavía estamos investigando», dijo hoy el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco. Algo tienen claro las autoridades: la policía de Iguala estaba infiltrada por el grupo criminal de los Guerreros Unidos.
Mientras los peritos realizan estudios genéticos para tratar de identificar a los muertos de las fosas, que estaban calcinados y podrían ser algunos de los estudiantes, los familiares piden que se amplíe su búsqueda y desconfían.
No creen que esos cuerpos sean los de sus hijos. Tampoco que haya sido una acción del crimen organizado, sino una desaparición forzada cometida por fuerzas de seguridad. Policías municipales fueron los que abrieron fuego contra los jóvenes.
Y también fueron agentes los que se llevaron a varios detenidos sin que se haya sabido más de ellos, salvo la declaración de dos sicarios de que 17 fueron ejecutados en lo alto del cerro por órdenes de un líder apodado «El Chucky».
«El gobierno se llevó nuestros hijos, a nuestros familiares, no confiamos en él, en que haga el trabajo. Queremos justicia y castigo a los responsables», dijo Cruz Bautista, tío de uno de los desaparecidos.
En México ocurren con frecuencia matanzas, pero esta ha sacudido profundamente al país. «México es una tumba clandestina porque todo lo enturbian y no hay claridad en la justicia mexicana», dijo el sacerdote y defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde.
Los jóvenes eran estudiantes de la escuela de formación de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero), un internado con fuerte activismo de izquierda, que tiene como alumnos a hijos de indígenas y campesinos pobres.
Según un informe de Cisen, el servicio secreto mexicano, publicado por el diario «El Universal», uno de los móviles podría ser que los jóvenes planeaban una manifestación en la plaza de Iguala donde la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, realizaba un acto como presidenta del organismo de asistencia a la infancia y la familia.
De acuerdo con esta versión, que ni la fiscalía de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República ni los compañeros de los estudiantes consideran sustentada, fue ella quien pidió al jefe de policía impedir una protesta.
«No tenemos una denuncia en contra de ella», dijo Blanco. «Nadie ha acudido a la procuraduría a denunciar un hecho en ese sentido». Pineda Villa es hermana de dos presuntos operadores del cártel de los Beltrán Leyva asesinados en 2009.
Para los alumnos de Ayotzinapa, la causa más bien podría ser que la escuela de Ayotzinapa tradicionalmente ha sido una piedra en el zapato para las autoridades de Guerrero.
«La única hipótesis que podemos mencionar es que somos la Normal de Ayotzinapa», dijo. No nos ven con buenos ojos en el estado. Esa es la única hipótesis», dijo Omar García, miembro del comité estudiantil.
En total han sido detenidos hasta ahora 26 policías y cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos, una organización que se desprendió el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La gendarmería nacional, una división de la policía federal y el Ejército han tomado el control de la seguridad. Los restantes policías de Iguala fueron desarmados y enviados a instalaciones militares para ser evaluados.
Los Guerreros Unidos eran, según las autoridades, los que tenían controlada a la policía. Para la organización Amnistía Internacional, eso es sólo «una cortina de humo».
