Por ALBERTO ARCE,
MÉXICO
Agencia AP
«Esta madrugada se ha capturado a Mario Zelaya, exdirector del seguro social», dijo el presidente Juan Orlando Hernández en una intervención televisiva en la que elogió la colaboración de la policía militar, la policía nacional, la Fiscalía General y la Dirección de Inteligencia del Estado en el arresto.
El mandatario agregó que «se encuentra en manos de la policía militar de orden público y será puesto a la orden de la justicia».
Ricardo Núñez, el fiscal a cargo de la investigación, dijo que no descartaba más detenciones y que Zelaya está detenido en dependencias militares en Tegucigalpa.
Zelaya fue director del Instituto Hondureño de la Seguridad Social durante la administración del presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y se encontraba prófugo desde enero.
Está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales públicos, cohecho, lavado de activos y fraude.
Según el Ministerio Público habría gastado de manera fraudulenta más de 100 millones de dólares provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y el pago de pensiones de vejez e invalidez.
El sistema se basaba en una sobrevaloración de los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña con sobreprecios de más de 100% a empresarios locales que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios y al menos a un partido político que el Ministerio Público no ha querido revelar.
Se compraron ambulancias en 700 mil dólares la unidad cuando valían mucho menos de la mitad, camas hospitalarias que se pagaban a 50 mil dólares cuando su costo real no alcanzaba los 5 mil o servicios informáticos que nunca se prestaron y medicamentos no sólo de precios inflados sino inservibles.
El Instituto Hondureño de la Seguridad Social, de donde salieron los fondos robados, cuenta con alrededor de 900 mil beneficiarios de pensiones.
En el país, sólo 14% de la población activa está cubierta con una jubilación de la seguridad social y recibe en promedio el 50% del salario mínimo, unos 170 dólares al mes.
Zelaya no es el único funcionario implicado en el desfalco de los fondos de pensiones de los trabajadores hondureños.
Toda la junta directiva del Instituto, en total 18 personas entre las que se encuentran exministros y diputados, está bajo investigación. Los funcionarios fueron nombrados por la administración del presidente Lobo y eran miembros o cercanos al Partido Nacional. Por el caso también se encuentran detenidos los ex viceministros de Salud, Javier Pastor, y de Trabajo, Carlos Montes.
Desde la fuga de Zelaya las autoridades hondureñas se han incautado de propiedades inmobiliarias tanto en Honduras como en Chile que presuntamente fueron adquiridas por el exfuncionario con dinero público y estaban a nombre de testaferros. También se han identificado dos casas en California y dos en Florida a su nombre.
Ayer 31 de esas propiedades fueron puestas en subasta por la administración que gestiona los bienes decomisados por un valor total de ocho millones de dólares.
Los testaferros de Zelaya también gastaron más de dos millones de dólares en 20 vehículos blindados.
Para Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional, Zelaya es «el rostro más visible de la corrupción enorme en el país» y estimó que «debe tener información sobre las empresas vendedoras y proveedoras». Exigió que «quienes sobrevaloraron bienes y servicios, rindan cuentas y devuelvan el dinero».
Mauricio Villeda, líder del opositor Partido Liberal, declaró que espera «que no le pase nada a la persona detenida para que pueda rendir cuentas y decir lo que sabe».
