POR REDACCIÓN LA HORA
Agencias AP y dpa
Argentina debía cumplir el 30 de junio con un vencimiento de su deuda reestructurada en 2005 y 2010. Depositó a tiempo el dinero en una cuenta del Banco Central en Buenos Aires, que giró el dinero a bancos estadounidenses y de Europa para que cobrasen los bonistas.
Sin embargo esos depósitos quedaron trabados por una sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa, que dictaminó que el país le debe pagar antes a los fondos especulativos, a los que Argentina denomina «fondos buitre», que litigaron para cobrar el 100 por ciento de papeles en default. Unos activos que, según los expertos, compraron en 2008 por entre el 20 y 30 por ciento de su valor.
La sentencia del magistrado establece que la Argentina debe abonar a los fondos especulativos mil 330 millones de dólares más intereses en un solo pago y en efectivo.
Argentina no cumplió lo que ordenó Griesa porque, argumenta, eso lo expone a un riesgo mayor: que se dispare la cláusula RUFO, que le impide hasta fin de año realizar una mejor oferta a los acreedores que las que ya aceptaron los bonistas en los canjes de 2005 y 2010.
De esta manera, el depósito argentino para la deuda reestructurada quedó trabado, por lo que no cumplió con su vencimiento antes de que anoche se cumpliera el plazo de gracia.
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s declaró que el país está en default selectivo. «¿Quién cree en las agencias calificadoras a esta altura, quién piensa que son réferis (árbitros) imparciales del sistema financiero?», preguntó el ministro de Economía, Axel Kicillof, que cuestionó a las entidades por «no haberle avisado a los dueños de las hipotecas en 2008 lo que iba a pasar si tanto saben de los riesgos».
«Un país solvente, con disposición de pagar, lo quieren penalizar para engendrar esa situación en que el mundo de los buitres siempre gana», dijo el ministro en referencia a las calificadoras de riesgo.
El diario «La Nación» señaló que se especula con la posibilidad de que las negociaciones se reanuden después del lunes, cuando se prevé que se reúna el Comité de Derivados del ISDA, organismo internacional encargado de determinar si un evento puede ser considerado default. En ese caso se activan los pagos de los seguros contra cesación de pagos (CDS, como se denominan en la jerga financiera).
«En ese comité hay un representante de Elliot (uno de los más fuertes en el litigio). No sería extraño que el fondo haya contratado seguros contra default, espere para cobrarlos y luego también busque arreglar con los bancos (para que compren la deuda en default). Tendría una ganancia por partida doble», dijo a «La Nación» un operador que conoce el funcionamiento de los fondos del exterior.
Son inciertas las derivaciones que puede tener para el país esta situación, que puede cambiar de un momento a otro. Mañana habrá otra reunión en Nueva York convocada por el juez Griesa.
El ex secretario de Finanzas de la Argentina Guillermo Nielsen expresó que «se sabe cómo entrar al default, pero nunca se sabe cómo se sale porque no hay una salida recta sino un camino muy accidentado».
Mientras, el gobierno argentino insistió en rechazar el default, acusó a la Justicia de los Estados Unidos de «mala praxis» y anunció que podría apelar a la Corte Internacional de La Haya y a la ONU para evitar que se vea perjudicada su deuda reestructurada.
En las primeras horas de hoy, los mercados reaccionaron en baja con una caída de bolsa de Buenos Aires del 6.4 por ciento, lo que la deja casi al mismo nivel que al iniciar la jornada de ayer, cuando se esperaba que hubiera un acuerdo entre el gobierno y los fondos.
Los más pesimistas, como el jefe del bloque de diputados del opositor PRO, Federico Pinedo, advirtió que «hay que salir rápido del default para evitarle a los argentinos más recesión, desocupación e inflación», entre otras consecuencias, que el gobierno rechaza.
La clave parece ser cuánto durará la cesación de pagos selectiva. Privados (bancos o inversionistas) podrían comprar a los fondos el juicio –es decir, hacerse cargo de la deuda argentina en litigio–, lo que destrabaría los depósitos que hizo la Argentina y la sacaría del default.
El acuerdo entre privados es una posibilidad que el Ministro de Economía admitió, aunque se desligó y dijo desconocer negociaciones, algo que fue interpretado como una forma que usó la Argentina para despegarse de cualquier acuerdo y evitar que se dispare la cláusula RUFO, algo que igual estaría en duda.
Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando J. Ferreres (OJF), indicó a la agencia dpa que hay alguna esperanza de resolver la situación si los bancos logran comprar la deuda en default.
«Comienza a jugarse otro partido que es el de la aceleración de los títulos (cobrar de inmediato los bonos de la deuda), lo que puede llevar a nuevos juicios si Argentina tarda en encontrar una solución», señaló el especialista.
«Si se extiende el problema, el impacto sobre la economía va ser cada vez mayor», advirtió Spotorno, que entre los problemas señaló «escasez de divisas del Estado argentino, menor financiamiento en el comercio internacional y no tener acceso al mercado de capitales».
LAS CLAVES
¿QUÉ PROVOCÓ LA DEUDA DE ARGENTINA?
En 1998 Argentina entró en recesión y debía pagar un monto exorbitante de deuda externa que había contraído y a muy corto plazo. Por ese motivo, en 2001 impuso el llamado «megacanje» a través del cual cambió títulos de deuda que expiraban a corto plazo por otros que expiraban a más largo plazo, pero con intereses más altos para trata de evitar caer en mora en los pagos.
El «megacanje» no fue efectivo y en diciembre de 2001 el país declaró el cese de pagos de su deuda por aproximadamente 100 mil millones de dólares.
¿QUÉ SON LOS FONDOS BUITRE?
En 2008 varios inversionistas compraron los títulos de deuda que habían quedado en el cese de pagos y que no habían entrado en un canje que había ofrecido Argentina en 2005. Los compraron a muy bajo precio y automáticamente reclamaron ante la justicia estadounidense cobrar el 100% de su valor.
Se los conoce como «fondos buitres» porque compran los llamados «bonos basura», es decir, títulos de deuda de países en default a muy bajo precio y después acuden a los tribunales para recibir las máximas ganancias. «Los buitres se alimentan de la carroña y estos fondos están rondando a países en default o cerca del default», agregó Matías Carugati, de la consultora Management & Fit de Buenos Aires.
Al menos dos de estos fondos se encuentran en estos momentos en litigio con Argentina: NML Capital Ltd, del multimillonario Paul Singer, y Aurelius Capital Management. NML Capital es subsidiaria de Elliott Management.
¿CUÁNTO DINERO DEBE ARGENTINA?
El juez Thomas Griesa, de la corte federal de Manhattan, en Nueva York, dispuso en un fallo en 2012 que los «fondos buitre» o acreedores que se negaron a participar en los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005 y 2010, y que litigaron contra el país, merecían un trato equivalente a aquellos que sí accedieron al canje. El fallo de Griesa ordenó pagar a los acreedores en litigio mil 330 millones de dólares y, según el gobierno, con los últimos intereses, se les debe en la actualidad unos mil 500 millones de dólares. Según los «fondos buitre» el pago es de mil 600 millones de dólares.
La sentencia de Griesa fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el 16 de junio. Este tribunal otorgó a los demandantes la posibilidad de pedir a cualquier magistrado de ese país que investigue la existencia de depósitos y bienes de Argentina para pedir eventuales embargos y asegurarse el cobro de su deuda.
¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE ARGENTINA RESPECTO DEL FALLO DE GRIESA?
Argentina solicitó al juez que suspenda temporalmente su sentencia porque asegura que le es imposible cumplir con ella debido a que también mantiene obligaciones legales con los tenedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 que incluyeron fuertes abonos de capital, y con los cuales el país resolvió en parte el millonario cese de pagos de 2001.
El gobierno argentino sostiene que con la suspensión del fallo de Griesa podría pagar sus obligaciones con los tenedores de la deuda que fue reestructurada, que representan más de 92% del total de los acreedores, y seguir negociando con tranquilidad con los litigantes una propuesta para cancelar lo adeudado.
Debido a que Griesa se negó a suspender la sentencia de pago a los fondos litigantes, Argentina tiene que seguir dialogando con ellos a través de un mediador nombrado por el juez. Las reuniones tienen lugar en estos momentos en Nueva York.
¿POR QUÉ SE HABLA DE UN NUEVO DEFAULT?
Griesa anuló el pago de 539 millones de dólares que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas de los títulos de deuda que fueron reestructurados al considerar que esa cancelación no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo y al contado a los litigantes, y tenía de plazo hasta el 30 de julio o caería en default.
El gobierno argentino, sin embargo, afirmó que no entraría en default porque ya depositó los fondos en un banco de Nueva York establecido para ello y no es su responsabilidad si ese dinero no llega a los acreedores ya que fue el juez Griesa quien lo congeló.
¿QUÉ IMPLICA LA CLÁUSULA RUFO?
RUFO son las siglas de Rights Upon Future Offers. Según Anna Gelpern, profesora de Georgetown University, en Washington, la cláusula implica que Argentina no puede ofrecer de manera voluntaria a los litigantes mejores condiciones de pago que las que ofreció a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. La cláusula vence el próximo 31 de diciembre. Si Argentina ofreciera mejores condiciones de pago a los «fondos buitre» podrían dispararse demandas por unos 120 mil millones de dólares, según el gobierno.
¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS PETICIONES QUE HA HECHO ARGENTINA DURANTE LA NEGOCIACIÓN PARA RESGUARDARSE DE LOS RESULTADOS ADVERSOS DE ESA CLÁUSULA?
Ante la posibilidad de que los bonistas de los canjes pueden reclamar en los tribunales a Argentina si esta no respeta la cláusula RUFO, el gobierno propuso como garantía para negociar que los litigantes suscriban un seguro financiero contra una eventual presentación de demandas judiciales contra el país.
Argentina señaló que si los litigantes no proveen dichas garantías al país, la mejor opción para llegar a un acuerdo sigue siendo una medida cautelar que deje sin efecto el fallo de Griesa a favor de los «fondos buitre». El acuerdo que se alcance debe ser «equitativo, legal y sustentable para el ciento por ciento de los bonistas».
SI LAS NEGOCIACIONES FRACASAN CON LOS LITIGANTES ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍA TOMAR GRIESA?
Según analistas, el magistrado podría aplicar su sentencia original y ordenar que se reparta entre los bonistas de los canjes y los litigantes el pago a los bonistas reestructurados que no se hizo efectivo tras el congelamiento de los fondos depositados por Argentina en un banco de Nueva York. También podría autorizar embargos contra Argentina para pagar a los «fondos buitre».
¿CUÁLES SERÍAN LAS REPERCUSIONES A NIVEL MACROECONÓMICO PARA ARGENTINA SI ESO SUCEDE?
Se cerrará el acceso a los mercados financieros internacionales para conseguir dólares y al limitarse aún más la oferta de divisas en el mercado doméstico se complicarán los planes del gobierno de liberar el mercado cambiario, restringido desde fines de 2011.
«La economía necesita dólares y el gobierno apostaba por la vía financiera para conseguirlos. El default cerraría esa puerta y si se buscan de otra manera, sería a través del comercio exterior, lo que implicaría más restricciones a las importaciones» afectando así la producción, agregó Carugati.
Gelpern opinó que podría ser mucho más difícil para otros países reestructurar su deuda como quieran a menos que la ley cambie y las instituciones se adapten a ese cambio, lo que «podría tomar mucho tiempo».
¿QUÉ REPERCUSIONES HABRÍA PARA EL CIUDADANO DE A PIE?
Los economistas y empresarios advierten que el default disminuiría el crédito internacional en el sector privado y para las provincias que deben financiar déficits y obras. Eso implicaría menos empleo y también acentuaría la brecha entre el peso y el dólar. Podría producirse una devaluación y acentuarse la inflación que es la mayor preocupación de los argentinos y que, según economistas privados, fue de casi 30% en 2013 y que acumula en lo que va del año al menos un 19 %. De acuerdo con el gobierno, el acumulado de 2014 alcanza el 15%.
«Nosotros creemos que un default sería sumamente negativo porque la economía argentina hoy por hoy ya está en recesión», dijo Carugati. «Esto para el ciudadano de a pie se va a traducir en mayores presiones sobre el tipo de cambio, mayores presiones para el tipo de cambio paralelo (en el mercado informal) y obviamente se va a terminar agravando la recesión que ya está en marcha».
DE DECLARARSE UN DEFAULT, ¿QUÉ DIFERENCIAS HABRÍA CON EL DE 2001, CUANDO ARGENTINA DECLARÓ EL MAYOR CESE DE PAGOS QUE SE RECUERDE A NIVEL MUNDIAL?
Una de las mayores diferencias es que la economía en 2001 era mucho más recesiva, el desempleo hacía estragos y la situación social era más delicada, además de que la posibilidad de que se disparara la conflictividad era mayor.
Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, de Buenos Aires, dijo que en 2001 Argentina hizo un cese de pagos «porque estaba quebrada y ahora sería porque no comparte un fallo» de un juez federal estadounidense. «El sistema financiero en 2001 fue epicentro de la crisis y ahora no lo sería porque entonces había que devolver dólares; los depósitos eran en dólares. Hoy son en pesos en el sistema financiero y este está mejor preparado para soportar un default».
Otros analistas sostienen que el sistema financiero no tiene hoy la exposición crediticia al sector público que tenía en 2001 y que, de caer la economía, no sería un derrumbe tan grande porque hay mejores perspectivas por ingresos por las cosechas y el gobierno se ha acostumbrado a financiarse con reservas y emisión del Banco Central.
