Las organizaciones Human Right Watch y Cristosal presentaron este día un informe sobre las acciones que han efectuado las autoridades de El Salvador durante el régimen de excepción que evidencian violaciones a los derechos humanos.
A criterio de la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus la investigación parte del reconocimiento que en el país han existido graves actos de violencia en el pasado, por la existencia de las pandillas y maras, las cuales han sido un flagelo que ha afectado de distintas maneras a la población civil.
“El informe reconoce que el presupuesto de El Salvador necesita una política efectiva de seguridad y justicia para poder desmantelar a esas pandillas pero lo que cuestiona y condena cómo es el tipo de política que ha venido siendo implementada bajo el gobierno de Bukele en el marco del régimen de excepción no solamente no es sostenible sino además puede reciclar y generar otros tipos de violencia”, indicó Goebertus.
En ese sentido, mencionó que una política efectiva de seguridad protege los derechos humanos, ya que está para velar por el bienestar de la ciudadanía.
“Lo que nosotros hacemos en el informe es documentar cómo a lo largo de los 9 meses hemos venido identificando una serie de distintas conductas que se han implementado de manera generalizada que han sido sostenidas en el tiempo”, señaló.
SOBRE CIFRAS
Goebertus dio a conocer que en el marco de este régimen de excepción han sido capturadas más de 58 mil personas y que por lo menos 1,600 son menores de edad.
Además, que de los 58 mil capturados 51 mil siguen en una situación de detención preventiva, es decir, son personas que no han sido halladas culpables.
Asimismo, señaló que más de 90 personas han muerto en custodia del estado salvadoreño, “no ha habido protocolos de Minnesota que puedan identificar las causas realmente detrás de esas muertes”, agregó.
Por lo anterior, indicó: “Hemos documentado casos de detenciones arbitrarias, es decir, detenciones donde no había orden judicial previa, detenciones sin evidencia, solo por la forma de vestir, por tener tatuajes o por vivir en barrios, han sido criterios usados para poder proceder con las detenciones”.
El estado de excepción fue aprobado por el Congreso, a pedido del presidente Nayib Bukele, luego de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día. Detalles en #LHInternacional ⬇️ https://t.co/mryRXFT8YG
— Diario La Hora (@lahoragt) December 7, 2022
VIOLACIONES GRAVES AL DEBIDO PROCESO
En la exposición del informe mencionó tres aspectos fundamentales que se han violentado en el caso de las personas capturadas:
1. Acceso a abogados de confianza.
2. Recargo de los defensores públicos.
3. Actos de presentación de cargos masivos.
Goebertus indicó: “No solamente restringe la posibilidad de defenderse, ya que son procesos penales que no son sostenibles, porque hay una violación abierta de la posibilidad de las personas de ejercer defensa sin posibilidad de abrir sus micrófonos, sin poder participar uno a uno para entender cuáles son los cargos que se presentan en cada caso”.
ACCIONES QUE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
Dentro de la presentación, Identificaron tres prácticas de los elementos de seguridad en el marco de excepción, los cuales son:
1. Los jefes de policías tienen un sistema de cuotas para capturar a un número determinado de personas al día.
“Lo que estamos documentando en El Salvador es el inicio de una política de cuotas, que si bien ya fue suspendida ha generado una serie de incentivos que nos preocupan muchísimo”, resaltó Goebertus.
2. No importa a quien se capture.
“Por la falta de información aún hay dudas de cuántas de las personas capturadas estaban o no vinculadas a pandillas, cualquier violación a los derechos humanos es grave independientemente de la persona que la cometa”, añadió.
3. Desde el gobierno la señal no ha sido de repudio, sino de actitud de refuerzo y respaldo.
“Este tipo de prácticas se han cometido de manera generalizada en El Salvador que tiene un componente adicional de refuerzo, desde el gobierno no había un refugio sino un reconocimiento de este tipo de prácticas”, señaló.
“LAS CAPTURAS NO SON LA SOLUCIÓN”
Goebertus expresó que la nueva oleada de capturas concentradas principalmente en sectores marginalizados podría tener algún tipo de relación con las pandillas en todo caso no son efectivas para desmantelar una estructura, ya que no radican los problemas de fondo como:
No atacan sus fuentes de financiación.
No concentran la persecución penal en los líderes de las pandillas que toman las decisiones.
No rompen sus vínculos con autoridades públicas, civiles o de seguridad que son redes de corrupción que facilitan su funcionamiento.
“Al concentrarse en las capturas de jóvenes que casi siempre son hombres que podrían cumplir algún tipo de actividad fungible de la pandilla no es estructura en la pandilla, los actores fungibles simplemente son usados para ser reclutados sin romper la estructura que está detrás de este tipo de violencia”, añadió.
ESTADO DE EXCEPCIÓN DEMUESTRA UN PATRÓN
Bajo la misma línea, el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock expresó que en materia de política de seguridad es constante y garante que en los últimos 30 años los gobiernos de “todos los colores” han preferido recurrir a estrategias fracasadas como las negociaciones ilícitas con grupos criminales, el populismo colectivo, y la militarización por sus impactos cortoplacistas tan seductores para la clase política del país.
“El hallazgo de la forma que presentamos hoy demuestra un patrón de violación a derechos humanos sistemáticos y masivos ante el estado de excepción, durante el estado de excepción han vuelto a capturar a inocentes arbitrariamente, a torturarlos y a matar en el nombre de la seguridad nacional”, señaló Bullock.
Por ello, indicó que los derechos humanos no son un obstáculo para los objetivos de seguridad ciudadana y la persecución de delitos, sino que obligan a los estados a investigar de manera sistemática dentro del marco constitucional y usar el poder del estado democrático para desmantelar estructuras criminales.
“Una seguridad constituida sobre la base de detenciones arbitrarias y discriminadas, muertes de ciudadanos en custodia del estado nunca será capaz de producir una paz duradera, más bien la historia nos instruye que la violencia del estado deja sembrado daños y odio en la sociedad que será semillas de futuros ciclos de violencia y conflicto social”, enfatizó.
Por lo anterior, mencionó que su esperanza es que el informe sea una alerta para que las autoridades cesen los abusos y que las recomendaciones sean recibidas para atender las lecciones del pasado.
LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS
El informe presenta varias recomendaciones hacia las instituciones de El Salvador, las cuales son:
-Al gobierno le recomienda:
Coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República para formular e implementar una nueva política que respete los derechos humanos y que sea efectiva para desmantelar a las pandillas y proteger a la población de sus abusos.
Priorizar los esfuerzos para abordar las causas estructurales que impulsan a las personas a formar parte de las pandillas, como falta de oportunidades económicas y educativas.
Terminar con el régimen de excepción dada la ausencia de evidencias sólidas que demuestran que las restricciones a los derechos fundamentales son proporcionadas y estrictamente necesarias.
– A la Asamblea Legislativa
Terminar con el régimen de excepción.
Aumentar la edad de imputabilidad final a los 14 años o más de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
-A la Fiscalía General de la República
Iniciar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre los nexos ilícitos entre las pandillas, funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad.
Llevar adelante investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los reportes de violaciones a los derechos humanos incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detección, así como las muertes bajo custodia.
-A la Corte Suprema de Justicia
Comunicar decisiones oportunas sobre los hábeas corpus solicitados por parte de las personas detenidas o su representación del contexto del régimen de excepción.
– A la Procuraduría de los derechos humanos
Impulsar investigaciones prontas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos e informar sobre sus hallazgos de forma transparente y periódica.
Coordinar esfuerzos con la dirección general dentro de los penales, con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General para asegurar el respeto de las personas detenidas.
