El Salvador cumple este jueves tres años bajo un régimen de excepción adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, tras la peor ola de homicidios registrada en la historia reciente del país.
Si bien la medida goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal; también por la reciente llegada de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos.
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A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 85.000 arrestos, la Asamblea Legislativa ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 36 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de «control social».
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en tres días, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro, pero su respuesta ha sostenido la aprobación del presidente y le granjeó su reelección, pese a la prohibición constitucional vigente.
«No podemos tratar de refutar el hecho de que la presencia de miembros de pandillas en las calles ha disminuido (pero) el régimen de excepción actualmente en El Salvador viene siendo ya como una herramienta de control social», dijo a EFE Antonio Palacios, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
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BAJA EN HOMICIDIOS Y ACCIONAR DE PANDILLAS
Desde 2016, El Salvador ha venido experimentando bajas sostenidas en las cifras de homicidios tras registrar en 2015 el año más violento de su historia reciente, pero esta baja se acentuó en 2019 con la llegada de Bukele al Ejecutivo.
Las autoridades salvadoreñas afirman que esta disminución se debe al ‘Plan Control Territorial» y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y la ampliación del arresto administrativo hasta por 15 días.
El país registró en 2024 un total de 114 homicidios, cerca de un 26 % menos que los computados en el 2023, mientras que la población también destaca la casi desaparición de las pandillas de sus barrios.
Sin embargo, analistas, académicos y activistas de derechos humanos señalan que se complica la verificación en el comportamiento de otros delitos por la falta de información, dado que los datos se han colocado bajo reserva.
En su toma de posesión del segundo mandato, Bukele afirmó que se había logrado vencer el «cáncer» de las pandillas, pero sus funcionarios han dicho que el régimen se mantendría hasta detener a un «remanente» de unos 8.000 supuestos pandilleros y colaboradores.
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DAÑOS IRREPARABLES
Un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias, y en las que el 75 % de las denuncias señalan directamente a agentes de la Policía.
Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se han capturado al menos a 8.000 «inocentes», pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.
A juicio de Antonio Palacios, uno de los fundadores de Socorro Jurídico Humanitario, que brinda asistencia legal gratuita, el régimen de excepción está dejando también un legado de «daños colaterales irreparables», entre ellos está el miedo de la población de expresarse, «de manifestarse de manera pacífica, de opinar».
«El régimen de excepción ha provocado demasiados daños colaterales y hay que decir que muchos de estos son irreparables, incluso estamos hablando de situaciones constitutivas de delitos graves, muy graves por funcionarios», indicó.
Añadió que una de las razones de su vigencia por tanto tiempo es «mantener a estas personas en la impunidad».
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El SJH, que nació poco después de la aprobación del régimen, ha dado seguimiento al menos a 10.000 casos de detenciones de personas que consideran inocentes y ha elaborado unos 2.000 habéas corpus.
Palacios sostuvo que también han registrado la muerte de 376 personas en custodia estatal.
En este mismo sentido, Salvador Ruiz, activista de derechos humanos de la remota zona del Bajo Lempa, dijo a EFE que el régimen «ha venido a infundir miedo en nuestro territorio y persecución política.»
Lamentó que en esa zona suman 115 niños abandonados por las detenciones de sus padres y que «el régimen ha venido a dejar es desintegración familiar, porque las familias que el régimen ha desintegrado no se van a volver a unir».
RIESGO INTERNACIONAL
El Salvador se ha visto inmerso en la polémica reciente por la deportación de 238 venezolanos por la Administración de Donald Trump, a quienes el Gobierno de Bukele encarceló en una prisión de máxima seguridad.
Respecto a esto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, dijo hace poco en un comunicado que este régimen ha «institucionalizado patrones de abuso que ya se están reproduciendo fuera de sus fronteras, lo que debilita aún más el marco internacional de los derechos humanos».
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