La Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado cuatro nuevas leyes del sistema judicial del país que, según el Gobierno, servirán para lograr una mayor «transparencia» y «justicia» en el marco de los procesos judiciales.
El nuevo paquete de medidas ha salido adelante tras su presentación por parte del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) e incluye la Ley de los Tribunales de Justicia, del Proceso Penal, del Proceso Administrativo, y el Nuevo Código de los Procesos.
Así, el propio Parlamento ha indicado en su cuenta de Twitter que todas ellas entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2022 y que forman parte de la reforma judicial y procesal impulsada por el Gobierno cubano.
Las autoridades han señalado, además, que la aprobación se ha dado tras una serie de consultas en las cuales han participado diputados, sectores de la sociedad civil, organismos del sector jurídicos, universidades y otras instituciones, quienes han emitido sus propios criterios y consideraciones al respecto.
La nueva Ley del Proceso Penal incluye la prohibición del uso de la violencia o coacción «en el desarrollo de un determinado proceso» judicial y permite a los acusados solicitar representación legal una vez se instruyen los cargos.
Además, se otorga al acusado el derecho a guardar silencio, sin que ello conlleve a presunción de culpabilidad alguna, y estipula la presunción de inocencia como garantía establecida desde el inicio de todo proceso y hasta que exista sentencia condenatoria firme.
Las autoridades han asegurado, además, que la nueva Ley de los Tribunales «promueve y fortalece el ejercicio de los derechos y garantías de las personas y ratifica el rol de los tribunales en la salvaguarda del orden económico, social y político registrado en la Constitución de la República», según un comunicado. Su objetivo es aportar una mayor flexibilidad al funcionamiento de las cortes.
