La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aclarado que no ha prohibido la libertad de expresión o la libertad de manifestación de los salvadoreños, después de la polémica surgida tras la aprobación de un decreto que prohíbe las concentraciones que no sean artísticas, culturales o deportivas.
«Debido a la tergiversación de la información referente al decreto (…) los diputados de la Asamblea Legislativa aclaran que, de ninguna manera, se está coartando el derecho a la libertad de expresión o la libertad de manifestación de los salvadoreños», ha señalado la Asamblea, de mayoría oficialista, en un comunicado.
El órgano matiza que la legislación aprobada el miércoles especifica que «los actos públicos concernientes a actividades artísticas y culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural, asimismo las actividades deportivas y de promoción de ellos pueden realizarse, siempre que se sigan las medias y los protocolos de bioseguridad relacionados con el combate a la COVID-19».
En referencia a «las demás concentraciones de personas», la Asamblea Legislativa ha incidido en que «también será obligatorio el uso de mascarillas, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, el distanciamiento social y que (los participantes) posean el esquema completo de vacunación». «Las marchas y manifestaciones populares están permitidas siempre que se cumplan con estas disposiciones», ha indicado.
La aprobación del decreto tuvo lugar después de las masivas protestas registradas contra el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, el 15 de septiembre y el pasado domingo. La legislación ha generado numerosas críticas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que criticó en Twitter que la medida era «desproporcionada» y «violatoria de los estándares de Derechos Humanos». «Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El decreto apunta que «la Fiscalía General actuará de oficio ante el incumplimiento» y dependiendo del caso, el infractor «incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal».
Este epígrafe establece que la desobediencia a una orden legislativa se castiga con penas de prisión de entre uno y tres años y una multa que puede ascender hasta los 35,000 dólares –30,000 euros–, recoge el diario local ‘La Prensa Gráfica’.
Sin embargo, el decreto –aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra– choca con los artículos 6 y 7 de la Constitución salvadoreña que versan sobre las libertades de los ciudadanos para expresarse sin ser objeto de censura y asociarse y reunirse libre y pacíficamente.
