El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha solicitado al Consejo Permanente del organismo que suspenda la participación de Nicaragua como Estado Miembro.
En una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, también representante permanente de Antigua y Barbuda, Almagro ha demandado la realización de una reunión de «urgencia» en la que «debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana».
En concreto, este artículo indica que, «cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros», entrando la suspensión en vigor «de inmediato».
La petición de Almagro se produce por la grave situación en el país centroamericano, donde el Gobierno de Daniel Ortega «se ha embarcado en los últimos días en una persecución contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública y líderes sociales y empresariales», ya que estos han sido encarcelados «sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales», como ha denunciado el secretario general de la OEA en la misiva.
«Tan inaceptable conducta se suma a la previa existencia de presos políticos en el país, a la continua violación de los Derechos Humanos y de las libertades civiles y políticas, a la reciente aprobación de leyes que restringen aún más los derechos políticos, a la concentración del poder absoluto en el Poder Ejecutivo, en el marco del más absoluto sometimiento de los demás poderes del Estado al Gobierno», ha aseverado Almagro.
A todo ello, ha lamentado que se suma el «incumplimiento de la resolución de la última Asamblea General de la OEA y el desprecio hacia los mecanismos de Derechos Humanos».
«En Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional a tenor del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», ha continuado el secretario.
De llevarse a cabo la suspensión de Nicaragua en la OEA, el país «deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de Derechos Humanos», según el artículo 21 de la carta, que indica también que adoptada la decisión, la OEA «mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado».
En las últimas dos semanas, las autoridades han detenido a cuatro opositores. La primera en ser arrestada, acusada de un supuesto delito de blanqueo de dinero, fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), seguida de Arturo Cruz, por «atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo». A ellos se les unieron en las últimas 48 horas Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación e, incluso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones económicas contra cuatro ciudadanos nicaragüenses, entre los cuales está Camila Ortega Murillo, hija del presidente de Daniel Ortega.
