El empresario Elon Musk participa en un evento el 2 de noviembre de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, foto compartida, Archivo)
El empresario Elon Musk participa en un evento el 2 de noviembre de 2023, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, foto compartida, Archivo)

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil incluyó a Elon Musk como un objetivo en una investigación en curso sobre la propagación de noticias falsas, y ha abierto otra pesquisa al empresario estadounidense por supuesta obstrucción.

En su decisión, el juez Alexandre de Moraes destacó que Musk empezó el sábado a librar una “campaña de desinformación” pública en torno a los actos del máximo tribunal, y que Musk continuó al día siguiente, en particular con comentarios de que su red social X dejaría de cumplir con las órdenes del tribunal de bloquear ciertas cuentas.

Musk, director general de Tesla y SpaceX y quien adquirió Twitter a finales de 2022, acusó a de Moraes de reprimir la libertad de expresión y de violar la Constitución de Brasil, y publicó en X que los usuarios podrían tratar de eludir cualquier restricción en la red social utilizando una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés).

Musk será investigado por supuesta instrumentalización penal deliberada de X como parte de una pesquisa en torno a una red de personas conocidas como milicias digitales, las cuales supuestamente difundieron noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, de acuerdo con la decisión. La nueva investigación indagará si Musk cometió obstrucción, asociación delictuosa e incitación.

“Este flagrante comportamiento de obstrucción a la justicia brasileña, incitar al delito, la amenaza pública de desacato a las órdenes de la corte y la futura falta de cooperación por parte de la plataforma son hechos que le faltan al respeto a la soberanía de Brasil”, escribió de Moraes el domingo.

La oficina de prensa de X no respondió a una solicitud de declaraciones enviada por The Associated Press, y Musk no había comentado públicamente al respecto hasta el lunes temprano, salvo por sus publicaciones en X.

Desde hace tiempo la derecha política de Brasil ha dicho que De Moraes se ha excedido en su autoridad para coartar la libertad de expresión e involucrarse en persecución política. Dentro de la investigación de las milicias digitales, legisladores que forman parte del círculo del expresidente Jair Bolsonaro han sido encarcelados y se han allanado viviendas de sus simpatizantes. El mismo Bolsonaro se convirtió en blanco de la investigación en 2021.

El juez ordenó en marzo de 2022 el cierre de la aplicación de mensajería Telegram en todo el país alegando que la plataforma ignoró en repetidas ocasiones las peticiones de las autoridades brasileñas, incluida una solicitud policial para bloquear perfiles y facilitar información vinculada al bloguero Allan dos Santos, un aliado de Bolsonaro acusado de difundir falsedades. La cuenta de dos Santos es una de las bloqueadas en X en Brasil. Menos de 48 horas después de emitir su orden en 2022, de Moraes dijo que Telegram había cumplido y le permitió reanudar las operaciones.

Los partidarios de De Moraes han dicho que sus decisiones, aunque extraordinarias, cuentan con fundamentos jurídicos y son necesarias para depurar a las redes sociales de las noticias falsas y extinguir las amenazas a la democracia brasileña, las cuales fueron puestas de relieve claramente en el levantamiento del 8 de enero de 2023 en la capital brasileña, que hizo recordar el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“Las decisiones judiciales pueden ser objeto de apelaciones, pero nunca de incumplimiento deliberado”, indicó Luís Roberto Barroso, magistrado presidente del Supremo Tribunal Federal, en un comunicado emitido el lunes.

Musk —un autoproclamado absolutista de la libertad de expresión— tuiteó el sábado que la plataforma retiraría todas las restricciones a las cuentas bloqueadas, y pronosticó que era posible que sus acciones pusieran fin a sus ingresos en Brasil y obligaran a la compañía a cerrar su oficina local.

 

“Pero los principios son más importantes que las ganancias”, escribió.

Brasil es un importante mercado para las compañías de redes sociales. Alrededor de 40 millones de brasileños —aproximadamente el 18% de la población— ingresa a X al menos una vez al mes, de acuerdo con el grupo de investigación de mercado Emarketer.

Más tarde, Musk instruyó a los usuarios brasileños a descargar una VPN para conservar el acceso en caso de que se restrinja el acceso a X, y escribió que la plataforma publicaría todas las exigencias de De Moraes, asegurando que infringen las leyes brasileñas.

“¡Estas son las exigencias más draconianas de cualquier país sobre la faz de la Tierra!”, escribió posteriormente.

La Constitución brasileña fue redactada después de la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985, y contiene una larga lista de objetivos aspiracionales y prohibiciones de crímenes específicos como el racismo y, más recientemente, la homofobia. Pero la libertad de expresión no es absoluta.

Hasta el lunes por la mañana, Musk no había publicado las exigencias de De Moraes, y cuentas bloqueadas de renombre seguían estándolo, lo que indicaba que X aún no había tomado acciones basándose en las promesas previas del multimillonario.

En su decisión, el juez le advirtió que no hiciera eso, asegurando que cada cuenta bloqueada que X reactive a la larga significará una multa de 100.000 reales (20.000 dólares) diarios, y que los responsables serán detenidos para que respondan por el incumplimiento de una orden de la corte.

“Incluir a Elon Musk en la investigación de las milicias digitales es una cosa. Bloquear a X es otra. Con esto, de Moraes está haciendo un guiño, diciendo que no permaneció inerte ante las provocaciones de Elon Musk”, dijo por teléfono desde Washington Carlos Affonso, director del centro de estudios Instituto de Tecnología y Sociedad, con sede en Río de Janeiro. “Es una advertencia para que no se crucen las líneas”.

Affonso, profesor de derechos civiles en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, asistía el lunes a un simposio en la Facultad de Derecho de Georgetown sobre el clima empresarial y las leyes en Brasil, y señaló que las implicaciones de la decisión de de Moraes para Musk y X eran “la comidilla de la ciudad». Affonso también se preguntó qué podría significar la disputa en ciernes para los satélites Starlink de Musk, que proporcionan servicio de internet a zonas remotas de Brasil como la selva de la Amazonía y los humedales del Pantanal.

Bolsonaro —que otorgó a Musk una prestigiosa medalla cuando visitó Brasil en 2022— fue uno de los que animaron al multimillonario estadounidense a cumplir sus promesas de publicar documentos, diciendo que revelarán cómo se presionó al máximo tribunal electoral para que interfiriera en las elecciones de 2022 que perdió. Bolsonaro ha hecho a menudo tales afirmaciones, sin ofrecer alguna prueba.

“Nuestra libertad hoy está en gran parte en sus manos”, dijo Bolsonaro sobre Musk en una transmisión en vivo en las redes sociales el domingo por la noche. “La medida que está tomando, lo que ha estado diciendo y no se ha dejado intimidar y ha dicho que va a plantear esta idea de luchar por la libertad de nuestro país. Eso es bueno”.

El legislador de la Cámara de Diputados brasileña que está a cargo del tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer reglas para las plataformas de redes sociales, dijo en X que el episodio subrayó la urgencia de llevar la propuesta a votación. El Senado la aprobó en 2020. El sábado por la noche, el fiscal general de Brasil ya se había manifestado a favor de la regulación.

“No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios que residen en el extranjero tengan control de las redes sociales y se pongan en una posición de infringir el estado de derecho, incumpliendo órdenes de la corte y amenazando a nuestras autoridades. La paz social no es negociable”, escribió Jorge Messias en X.

Y Alexandre Padilha, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, publicó el lunes en X que el gobierno federal respaldará al Supremo Tribunal Federal y a sus pesquisas, y trabajará con el Congreso y con la sociedad civil para elaborar un marco regulatorio.

 

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