La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves por unanimidad una ley que reactiva el Ministerio del Interior sandinista que funcionó durante el primer gobierno del presidente Daniel Ortega, en la década de 1980, con el objetivo de “fortalecer” el aparato de seguridad interna en el país.
La Ley que establece las funciones y estructuras del Ministerio del Interior fue aprobada con el voto de los 91 diputados del Congreso unicameral, que realizó una sesión extraordinaria solicitada con urgencia por Ortega, según anunció el mandatario la noche del miércoles en una actividad oficial ante oficiales de policía y funcionarios de gobierno.
En ese acto, el gobernante dijo que la medida es “un paso que nos da una fortaleza enorme”, ya que “volvemos a contar con los dos grandes instrumentos con los que derrotamos a la contrarrevolución: el Ejército y el Ministerio del Interior”.
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Ortega afirmó que con la nueva ley, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario, la Dirección de Migración y los Bomberos serán parte de la cartera del Interior, a fin de “volver a las raíces del sandinismo” que gobernó Nicaragua por primera vez hace más de 40 años.
Los diputados aprobaron también una reforma a la Ley 290, sobre la organización del Estado, para establecer como funciones del Ministerio del Interior las de “prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucional del país establecido por la revolución”.
Tras derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, el gobierno del Frente Sandinista fundó el Ministerio del Interior (MINT) dirigido con mano dura por Tomás Borge, uno de los nueve comandantes del directorio de ese partido (fallecido en 2012), desde donde se vigilaba a la oposición a través de la temible Seguridad del Estado.
En el MINT, creado a semejanza del Ministerio del Interior cubano (Minint), funcionó también durante casi 10 años un aparato de espionaje interno sobre la Iglesia católica y los periodistas, así como una oficina de control y censura de los medios de prensa independientes.
En 1990, tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990 frente a la presidenta Violeta Chamorro, que llegó al poder a la cabeza de una coalición opositora, el aparato de seguridad fue sustituido por el Ministerio de Gobernación, una dependencia dirigida por autoridades civiles y subordinada a la Constitución.
“Al frente de ese Ministerio de Gobernación pusieron inmediatamente unos enemigos del pueblo, enemigos de la revolución para buscar cómo descomponer al Ministerio del Interior”, argumentó Ortega.
Ahora, dijo, con el Ministerio del Interior no se le permitirá “al enemigo avanzar en sus planes, porque ellos siempre están conspirando”.
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La reestructuración del aparato de seguridad interna se produce en medio de nuevas denuncias de arrestos de opositores y de sacerdotes católicos, incluyendo un obispo del noreste del país. Estas detenciones no han sido confirmadas por la Policía ni la Conferencia Episcopal, pero la víspera la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, se refirió a los miembros de la Iglesia católica y dijo que “los verdaderos diablos son los que tocan las campanas”.
En los últimos meses el gobierno ha cerrado decenas de ONG y otras asociaciones civiles, llegando a superar las 3.500 clausuradas desde 2022, y mantiene encarcelados a más de 100 “presos políticos”, según datos de la oposición, entre ellos al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en febrero pasado.
La actual crisis política y social de Nicaragua se inició en abril de 2018 cuando policías y paramilitares armados reprimieron con violencia una ola de manifestaciones opositoras, con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados en ese año.
