El Parlamento de Japón elevó el viernes la edad de consentimiento sexual a 16 años de los 13 en la que estaba, un límite que había permanecido sin cambios durante más de un siglo y era uno de los más bajos del mundo, en medio de exhortaciones para que se les dé mayor protección a los niños y a las mujeres.
La revisión formó parte de una reestructuración de leyes relacionadas con delitos sexuales. Por separado, el Parlamento aprobó una nueva ley el viernes para incrementar la conciencia con respecto a cuestiones de la comunidad LGBTQ+, la cual fue criticada por activistas, que consideran que no garantiza igualdad de derechos para las minorías sexuales.
Las reformas, que proporcionan una mayor protección a las víctimas de delitos sexuales y un castigo más estricto a los agresores, han llegado lentamente en un país en que el poder legislativo y el judicial han estado dominados por hombres durante mucho tiempo.
En 2017, Japón revisó su código penal sobre delitos sexuales por primera vez en 110 años. Una serie de absoluciones en casos de abuso sexual, y crecientes ejemplos de imágenes sexuales de niñas y mujeres captadas sin su consentimiento, han desatado la indignación del público, lo que impulsó las nuevas revisiones.
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Los cambios promulgados el viernes hacen que las relaciones sexuales con alguien menor de 16 años sean consideradas una violación. Especifican ocho escenarios de “delitos sexuales sin consentimiento”, un nuevo término para describir las relaciones sexuales forzadas, incluido el ser agredido por alguien que está bajo la influencia del alcohol o las drogas, o con base en el miedo o la intimidación.
Prohíben también la filmación, distribución y posesión de imágenes de explotación sexual captadas sin consentimiento.
El plazo de prescripción de los delitos sexuales también fue extendido en cinco años, a 10 años por relaciones sexuales sin consentimiento. Ahora ese delito está sujeto a hasta 15 años de cárcel, mientras que el “voyerismo fotográfico” puede ser castigado hasta con tres años de prisión.
Los cambios fueron desencadenados en parte por un caso en la ciudad de Nagoya en el que un padre que violó a su hija de 19 años fue absuelto por un tribunal, el cual determinó que, aunque la hija no dio su consentimiento, no se resistió con violencia. Esa decisión generó protestas a nivel nacional.
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Algunos activistas dijeron que la nueva ley sobre la comunidad LGBTQ+ amenaza a esas personas en lugar de promover la igualdad, debido a cambios de último momento que aparentemente se dieron para satisfacer a los opositores de los derechos de las personas transgénero.
Japón es el único miembro del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo que no tiene protecciones jurídicas para la comunidad LGTBQ+. El respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo y otros derechos ha aumentado entre el público japonés, pero hay fuerte oposición dentro del gobernante Partido Liberal Democrático, conocido por sus valores conservadores y su renuencia a promover la igualdad de género y la diversidad sexual.
