El Senado de México aprobó el miércoles la reforma de un paquete de leyes impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reestructurar el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras opositores anuncian que impugnarán los cambios ante la Corte Suprema.
Con 72 votos a favor y 50 en contra, la mayoría del partido de gobierno logró, con el apoyo de sus fuerzas aliadas, cambios en cuatro leyes que reducen la estructura del INE y le resta facultades de supervisión y de sanción a los partidos.
Al anunciar la aprobación de las reformas, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, dijo que se enviarán al Ejecutivo para la publicación y entrada en vigencia.
El debate de las leyes, que se extendió por más de siete horas, se vio salpicado por la condena que se dictó el martes en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de aceptar cuantiosos sobornos para proteger a cárteles del narcotráfico. Algunos senadores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecharon el debate para atacar a los opositores y acusarlos de proteger al expresidente Felipe Calderón y a García Luna, quien fue su secretario de seguridad entre el 2006-2012, mientras exhibían fotografías de ambos.
Con carteles en los que se leía «Morena se quiere robar las elecciones», algunos senadores opositores protestaron por el paquete legislativo, e indicaron que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita las diversas acciones judiciales que se han presentado contras las reformas y las detengan.
La iniciativa legislativa, conocida como el «Plan B», fue impulsada en diciembre por López Obrador luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional que implicaba cambios más profundos en materia electoral.
El mandatario ha negado reiteradamente que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México como aseguran las autoridades electorales, y ha planteado que la iniciativa busca recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
El presidente asegura que las actuales máximas autoridades del INE actúan más como oposición al gobierno que como árbitro neutral para los comicios.
