Legisladores de Florida reanudaron sesiones el lunes para abordar, entre otras cuestiones, el tema de los terrenos autónomos de Walt Disney World y expandir un programa de reubicación de inmigrantes, prioridades del gobernador republicano Ron DeSantis. Los líderes republicanos del Capitolio estatal, en coordinación con DeSantis, ordenaron a la Legislatura que se reúna en una sesión especial para reestructurar el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, como se conoce al gobierno de Disney.
Los congresistas también considerarán una propuesta para crear un departamento estatal enfocado en la reubicación de inmigrantes, una medida que se produce después que el gobernador trasladó a un grupo de migrantes sudamericanos de Texas a Massachusetts en protesta por la política fronteriza federal.
La sesión continuará con el enfoque de DeSantis en temas sociales, incluyendo orientación sexual, género e inmigración, cuando el gobernador republicano explote las fisuras políticas nacionales en su camino hacia una posible candidatura presidencial para 2024. La reunión es el acontecimiento más reciente en una disputa de alto perfil entre DeSantis y Disney por las críticas de la compañía a una ley conocida como «No digas gay», la cual prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género desde jardín de niños hasta tercer grado y lecciones consideradas no apropiadas para la edad.
Al ir tras Disney, el gobernador mostró su voluntad de sancionar a uno de los mayores empleadores y donantes políticos del estado, reforzando el estilo de liderazgo combativo que lo ha impulsado al estrellato político nacional y que gusta al electorado conservador.
Legisladores de Florida sesionan sobre Disney y migrantes https://t.co/NRwL1ZIfEK
— Laredo Morning Times (@lmtnews) February 6, 2023
Se espera que los legisladores creen un programa para transportar migrantes que se encuentran en el país sin autorización legal a otro estado si ya fueron procesados por el gobierno federal y si los migrantes se ofrecen como voluntarios.
DeSantis ya había usado parte de un fondo de 12 millones de dólares, pagado por los contribuyentes, para transportar por avión a unos 50 migrantes sudamericanos desde Texas a la isla turística de Martha’s Vineyard en Massachusetts, lo que provocó una condena generalizada.
Otra propuesta que se abordará durante la sesión dejará en claro que el fiscal estatal cuenta con la autoridad para enjuiciar fraudes electorales en contiendas federales y estatales.
