Soldados fueron desplegados para el operativo de seguridad. Foto La Hora/AFP

Mas de un millar de militares y 130 agentes policiales cercaron el sábado una comunidad reconocida como una de las zonas con mayor actividad del narcotráfico en la capital salvadoreña.

Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter.

«Sin remover un solo elemento del cerco de Soyapango, más de 1,000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico», agregó el mandatario.

Por su parte el ministro de Seguridad Publica, Gustavo Villatoro dijo a la prensa en la zona que fue intervenida la casa que ocupaba un cabecilla del narcotráfico en dicha comunidad.

Al intervenir la vivienda, encontraron un arma de fuego y más de 10.000 dólares en efectivo, que se presume es producto del narcotráfico, indicó el ministro.

Explicó que en la operación participan más de 1.000 soldados y 130 agentes de la Policía, «entre los cuales tenemos 11 agentes caninos especializados en la detención de droga».

En un mensaje a los habitantes de la comunidad Tutunichapa, Bukele dijo: «Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente».

 

Soyapango, con más de un millón de habitantes, se convirtió en el primer municipio en ser intervenido dentro de un plan implementado por Bukele para combatir a las pandillas.

Desde el 3 de diciembre, más de 10.000 efectivos de la fuerza armada y de la policía, apoyados por fuerzas elites de seguridad, mantienen cercado por completo la ciudad de Soyapango, en la periferia de la capital que es el tercer municipio más populoso del país.

En este operativo participan unidades elites de la fuerza armada y policía y se utilizaron drones y perros entrenados para localizar a los pandilleros que se cree que siguen escondidos en la zona. Las fuerzas de seguridad dicen haber capturado a más de 500 miembros de las pandillas.

En la última semana de noviembre, Bukele anunció que intensificarían la persecución de las pandillas y que retomarían la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. Advirtió que se impondrán cercos en las grandes ciudades sin importar las críticas de los defensores de los derechos humanos

Esa política de mano dura se acentuó después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día. El Congreso salvadoreño, a pedido del presidente Bukele, aprobó un estado de excepción para combatir a las pandillas que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de arresto, así como de la asistencia de un abogado.

De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a más de 60.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Organizaciones sociales han dicho haber documentado más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos durante los primeros ocho meses de vigencia de la medida. Afirman tener informes de que al menos 80 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.

 

Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 23 de diciembre se registraron 611 homicidios, un 45% menos que los 1.107 en el mismo periodo de 2021. Se estima que el Salvador cerraría el 2022 con menos de 630 homicidios, para una tasa menor a 9,9 homicidios por cada 100.000. En el 2015, la tasa fue de 106 homicidios por cada 100.000.

Las llamadas maras, pandillas que tienen presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales, y tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terroristas junto a la pandilla Barrio 18.

 

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