El Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron este jueves en Nueva York un memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en el país centroamericano (CICIH).
El documento fue firmado por el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, y por el secretario adjunto de la ONU, Miroslav Jenča, con la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y el secretario general del organismo multilateral, António Guterres, como testigos.
Como Presidenta de Honduras, junto al SG de ONU @antonioguterres, instalaremos la #CICIH independiente y justa. Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al pais. pic.twitter.com/LDqae8qqlb
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 15, 2022
“Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país”, escribió en Twitter la presidenta Castro al anunciar la instalación de una comisión “independiente y justa”.
Pese al adelanto, no había sido divulgado el contenido del acuerdo del jueves ni por el Gobierno del país ni por la ONU. Pero el canciller hondureño dijo a medios locales que el memorando marca todos los pasos necesarios que Honduras debe cumplir.
“También establece las líneas generales que indican cuál será el marco de la CICIH en términos muy generales y cómo funcionará el financiamiento y su estructuración», apuntó. «Es un primer paso muy necesario para suscribir un acuerdo”, agregó.
El analista de temas de corrupción de la oenegé Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, dijo a The Associated Press que el acercamiento es positiva, pero que la firma de entendimiento no es la formalización de la CICIH. Más adelante debe ratificarse, apostilló.
Recordó que la instalación de la CICIH es una promesa de campaña de la presidenta Castro con el fin de combatir la corrupción de manera frontal, no solo de los gobiernos pasados, sino también de la administración actual.
“Yo creo que, si se llega a materializar, es una buena oportunidad para fortalecer el trabajo de prevención, los controles (para evitar la corrupción). El Tribunal Superior de Cuentas (ente auditor del estado) es prácticamente una institución obsoleta y necesita una reforma estructural muy fuerte, debido a que también ha sido nido de impunidad”, expresó.
Se aprobó a pesar de las críticas de políticos opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen el fin de la medida. Aquí más detalles #LHInternacional ⬇️ https://t.co/6EZwpRXWvQ
— Diario La Hora (@lahoragt) December 15, 2022
Luego de que se conociera la noticia de la firma del memorando de entendimiento, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, se pronunció en redes sociales: “Felicidades Honduras! Un paso adelante!”. AP trató de ahondar con ella sobre el tema, pero no hubo respuesta.
Honduras es un país azotado tradicionalmente por la corrupción de la clase política y con un alto grado de impunidad en esos casos, por lo que en 2016 se instaló en el país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esa misión, cuyo acuerdo fue firmado en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, reveló al menos 12 casos de corrupción de alto impacto.
Sus investigaciones salpicaron a exfuncionarios, diputados, empresarios e incluso a miembros del gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández.
Cuatro años más tarde, esa misma administración tomó la decisión de no renovar el contrato con la OEA y no darle continuidad a la MACCIH.
A raíz de eso, uno de los principales temas de campaña de Xiomara Castro fue la instalación de la CICIH, lo cual ratificó el 27 de enero de 2021 durante su toma de posesión.
Sin embargo, en el último año, el Gobierno de Castro fue severamente cuestionado por varios sectores, debido a la dilatación del proceso para instalar la comisión anticorrupción.
