La sorpresiva elección del presidente Pedro Castillo trajo consigo la esperanza de un cambio en el inestable y corrupto sistema político de Perú, pero el empobrecido profesor rural y neófito político se ha visto tan envuelto en votaciones de destitución y acusaciones de corrupción que su presidencia se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política.
Las posibilidades de que el líder de izquierda pudiera llevar a cabo una política emblemática, como la mejora de la educación o la sanidad, eran escasas al principio, dada su falta de apoyo en el Congreso, y se han evaporado a medida que se centra en mantenerse en el cargo y en la libertad de su familia.
En poco más de un año como presidente, Castillo ha sobrevivido a dos votaciones del Congreso para destituirlo, ha nombrado a más de 60 ministros en los 19 organismos que componen su gabinete y ha enfrentado a seis investigaciones penales por acusaciones que van desde el tráfico de influencias hasta el plagio, una de las cuales ha llevado a un familiar a la cárcel. Las investigaciones están en su fase inicial y no se han presentado cargos formales.
Castillo dice que no ha tenido “ni un solo minuto de tregua” desde que asumió el cargo y asegura que la élite política de Perú quiere que se vaya.
“No hablo como ellos, no me siento a esas mesas opulentas como ellos”, dijo a gente reunida en una comunidad remota en el desierto. Después dijo que el venía desde abajo y que las acusaciones en su contra no lo van “a quebrar.”
Pero los agobios de Castillo siguen un patrón en Perú, que recientemente tuvo tres presidentes en una sola semana después de que uno fuera destituido por el Congreso y las protestas obligaran a su sucesor a renunciar. Casi todos los expresidentes peruanos que han gobernado desde 1985 se han visto envueltos en acusaciones de corrupción, algunos encarcelados o arrestados en sus mansiones. Uno de ellos se suicidó antes de que la policía pudiera detenerlo. Castillo derrotó a la hija de uno de esos presidentes, Alberto Fujimori, en las elecciones del año pasado.
Las investigaciones preliminares de la fiscalía contra Castillo son una novedad para un presidente en funciones en Perú, al igual que la detención preventiva de su cuñada por acusaciones de lavado de dinero.
La Constitución de Perú no dice específicamente si un presidente en funciones puede ser investigado por delitos, y en las últimas dos décadas, los fiscales generales habían propuesto iniciar investigaciones iniciales a tres mandatarios en funciones. En octubre de 2020 se abrió una contra el entonces presidente Martín Vizcarra, pero el fiscal general la congeló inmediatamente hasta el final del mandato presidencial.
Autoridades Indígenas exigen la renuncia del alcalde Virgilio Gerónimo tras acusarlo de “abusivo y prepotente”. Aquí lo ocurrido.👇🏼 https://t.co/s8hvPFJ5e6
— Diario La Hora (@lahoragt) September 4, 2022
