A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Congreso aprobó el martes una cuarta prórroga al régimen de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas, a las que ahora persiguen en las áreas rurales donde se han refugiado en campamentos improvisados.
«Hemos venido nuevamente para solicitar una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días más. Los resultados que estamos dando como Gabinete de Seguridad están a la vista. Vamos a mantener firmes las estrategias», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud al Congreso.
La prórroga se aprobó por votación 67-15 y dos ausencias de diputados del Congreso unicameral. Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en varios, el Congreso aprobó el estado de excepción, el cual limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
El régimen se extendió por última vez el 22 de junio y entró en vigencia dos días después.
El gobierno del #presidente Nayib #Bukele , solicitó a la #Asamblea Legislativa extender el #estado de #emergencia para combatir #pandillas https://t.co/pQctckHEPy
— Diario Las Américas (@DLasAmericas) July 20, 2022
Estaba programado a expirar el próximo 24 de julio. Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 46.694 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o de ser colaboradores de las pandillas.
Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros, quienes han sometido a los salvadoreños durante décadas, ha logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencia de armas y drogas.
«Le hemos desbaratado a la estructura transnacional, criminal y terrorista, el negocio de las drogas que lideraban los terroristas y vamos a erradicarlos por completo», afirmó Villatoro.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
Mientras las autoridades de seguridad solicitaban extender el régimen de excepción, cientos de personas marcharon hacia la Casa Presidencial para exigir la libertad de sus familiares y derogar la medida. Fuerzas de choque de la policía montaron barricadas con alambre de púas y les impidieron el avance. No se registraron mayores problemas.
El ministro de Seguridad también desestimó las denuncias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los familiares de los detenidos. «Está claro que la oposición quiere seguir generando el cuento de que hay capturas arbitrarias, que pobrecitos, que donde están los derechos de los pandilleros y sabemos muy bien de dónde viene este tipo de financiamiento. Vamos a seguir con la valentía del presidente Bukele combatiendo a estos delincuentes», afirmó.
Villatoro dijo que las pandillas «dejaron sus sitios donde vendían sus drogas en las ciudades y han migrado al área rural y a este momento son más de 104 campamentos clandestinos desmantelados».
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en el caso que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.
En marzo de este año, el Congreso salvadoreño aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito el ser parte de una pandilla, lo que podría sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
En los delitos relacionados con el rimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
0 homicidios.
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En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.
